El supuesto diálogo que entabló el gobierno con representantes del sector productivo le sirvió al gobierno para comprar tiempo y distraer a los incautos acerca de un hecho: heredó al equipo económico de Rafael Correa junto con todas sus disparatadas ideas y capacidad de hacer daño.

Está claro, el equipo económico continuará haciendo más de lo mismo desde que se estancó la economía hace casi tres años: aumentos de impuestos, restricciones a los flujos de capital y un aumento vertiginoso del endeudamiento público.

A pesar de que suelen ser menos productivas las inversiones realizadas por el sector público que aquellas del sector privado, en nuestro país el Estado sigue consumiendo la mayor parte de los fondos prestables (62%)1 , reduciendo así el crédito disponible a los actores privados. Considerando que por encima de cierto umbral —que cruzamos hace varios años— está  demostrado que el gasto público se vuelve recesivo en lugar de estimulante para la economía, lo racional sería estimular el crecimiento económico disminuyendo el gasto público.

Muy difundida está la creencia de que una reducción considerable del gasto público es recesiva. Nos hablan del costo social de despedir empleados públicos, reducir subsidios y organismos del Estado.

Pero casi nadie habla del costo social de mantener el modelo estatista. Cada dólar gastado, prestado, o invertido por el gobierno es un dólar que dejó de disponer el resto de la sociedad para gastar, prestar o invertir. Esto es lo que genera la baja inversión privada, y la negativa a aumentar la producción y contratar más personas en el sector privado de la economía, que es el motor del crecimiento económico sostenible.

La riqueza de una nación no se deriva de políticos recaudando cada vez más impuestos, sino de las decisiones libres de sus ciudadanos. El ex ministro de Finanzas de Hong Kong, Sir John Cowperthwaite, explicaba que el crecimiento económico y la recaudación fiscal pueden aumentar, como sucedió en ese país, debido a una política tributaria de impuestos bajos, los cuales ayudaron a generar una expansión económica y que es esta, no la tributación y gasto público altos, el camino hacia el progreso.

También vale la pena recordar que no solo los impuestos deben bajar, sino también el gasto público excesivo que ha derivado en el crecimiento veloz de la deuda pública. Esto último también ahuyenta las inversiones, pues una deuda creciente es un precursor seguro de mayores impuestos en el futuro.

Finalmente, nuestra balanza de pagos se ajusta automáticamente y los intentos de ajustarla mediante medidas proteccionistas ya fracasaron, como lo reconoció el Ministro de La Torre. Entonces, es difícil entender por qué ahora el gobierno defiende unas salvaguardias nuevas —la tasa de control aduanero— que tienen el agravante de conceder a la aduana la discreción de redefinir el arancel en cualquier momento.

El despropósito es tal que la aduana pretende combatir el comercio ilegal encareciendo el comercio legal con un arancel nuevo. Si realmente quisieran combatir el contrabando realizarían una liberalización unilateral del comercio.

Tampoco entendemos cómo es que el gobierno pretende reactivar la economía espantando capitales con aumentos de impuestos y nuevas restricciones a los movimientos de capitales.

El problema no es monetario ni comercial, es el excesivo gasto público.

Referencias:

1. Evolución de la banca a octubre de 2017 y deuda interna pública según MEF.