A diferencia del mercantilismo, Hecksher dice que en la economía de mercado además de propiedad privada hay competencia en el mercado económico. Esta es el “capitalismo democrático” ya que todos los participantes en el mercado gozan de igualdad ante la ley en su búsqueda del voto/favor de la mayor cantidad posible de consumidores.

En el sistema mercantilista, como el ecuatoriano, un selecto grupo de empresarios suele reunirse con quien representa al poder público del Estado ecuatoriano para negociar a qué productos se les incrementa el arancel. Si la negociación es exitosa, preocúpese. Significa que tanto aquel que administra lo público como el empresario salen ganando a expensas suya, porque el administrador público gana más poder, el empresario gana un mercado cautivo y, a usted le redujeron su oportunidad de comprar un producto mejor y probablemente más barato.

Cuando un funcionario público concede contratos públicos a dedo, eso es mercantilismo. No lo confunda con el socialismo ni con el capitalismo. Se trata de transacciones en las que el empresario no compitió para ofrecer el mejor servicio al mejor precio, sino para obtener un contrato con el poder público. Cuando el Estado es dueño del subsuelo y luego se da una bonanza petrolera no es pura casualidad que surjan caudillos nacionalistas como los que han surgido en Sudamérica a principios de este siglo.

Una economía abierta en la que el Estado (y aquellos que lo administran) casi no tiene poder por sobre las decisiones económicas de cada individuo, amenaza la supervivencia de este sistema. Ese sistema, más no la combinación exitosa de la economía de mercado con la democracia liberal, es lo que los latinoamericanos hemos rechazado. Lo hemos rechazado tanto que hemos llegado a dudar inclusive de la democracia, permitiendo la concentración de poder que se ha dado en Venezuela, Bolivia y nuestro país.

No hay nada más conservador y ensayado en América Latina que concederle el poder a un individuo (y sus compinches) para dar y quitar privilegios a través de las leyes, tal cual monarca, a cada súbdito. Al mismo tiempo, no hay nada más revolucionario que limitar el poder a cualquier individuo que llegue a manejar el Estado y devolvérselo a cada ciudadano.

Ghersi dijo que la propiedad estatal del subsuelo es una muestra de que el mercantilismo sigue vivo. ¿Qué ocurriría con la estructura de poder en nuestros países si la propiedad del subsuelo fuera de los propietarios de la superficie, que en el caso de los yacimientos minerales de los Andes, serían seguramente las comunidades indígenas? Pensándolo así, es verdaderamente sorprendente que los (supuestos) representantes políticos y movimientos (supuestamente) defensores de los intereses de los indígenas no hayan demandado derechos de propiedad del subsuelo para sus defendidos.

Lamentablemente, hemos elegido ser gobernados por conservadores disfrazados de revolucionarios.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 28 de enero de 2009.