Pero se trata, en realidad, de una contribución sustancial a la comprensión de la corrupción latinoamericana. Aunque se centra en el caso del Perú desde la época colonial hasta el presente, su validez es universal.

El libro presenta a la corrupción como un fenómeno que recorre todos los tipos de gobierno que ha padecido el Perú. Con ello, muestra que se trata de un rasgo institucional, no de espasmos episódicos. La colosal corrupción que existe desde siempre en el Perú sería hija de la forma en que está organizado el poder y se fijan las reglas.

El autor intenta cuantificar las pérdidas, una tarea ardua porque el cálculo incluye la sustracción o desvío de dineros públicos y la riqueza que podría haberse creado en un contexto más seguro.

Entre 1680 y 1810, el cohecho y otros delitos económicos equivalieron en promedio a más del cuatro por ciento del PBI cada año. Entre la década de 1820, cuando el Perú obtuvo (le obtuvieron) su independencia, y comienzos del Siglo XXI, el promedio anual fue levemente inferior a esa cifra. En el Siglo XX, las peores décadas fueron la de 1920, la de 1970 y la de 1990.

Bajo Alberto Fujimori y su monje negro, Vladimiro Montesinos, la corrupción equivalió al cincuenta por ciento del presupuesto del Estado y al 4.5 por ciento del PBI cada año.

El autor calcula que los sobornos le han costado al Perú la mitad de sus posibilidades de desarrollo. Pero el verdadero aporte del libro es más fundamental que sus fosforescentes estadísticas. Es la aseveración de que la "corrupción como sistema tiene lugar cuando las reglas formales e informales, las políticas destinadas al crecimiento y las normas constitucionales --que protegen los derechos de propiedad, reducen los costos de transacción, desalientan la búsqueda de renta y garantizan los pesos y contrapesos políticos-- brillan por su ausencia, están distorsionadas o son inciertas".

Hace unos años, describí en un libro los "cinco principios de la opresión", que están detrás del relativo atraso de América Latina: el corporativismo, el mercantilismo, el privilegio, la transferencia de riqueza y la ley política o Derecho politizado. En estas sociedades, los derechos individuales, la propiedad privada y la competencia fueron sofocados por el poder autoritario.

El gobierno colonial descargó sobre los peruanos un millón de leyes que fueron desobedecidas tanto por quienes debían aplicarlas como por las víctimas. La república independiente se deshizo del dominio español, no de la tradición estatista.

En el Brasil del Siglo XIX, el vizconde de Albuquerque se refería al poder persistente de las instituciones defectuosas en contra de los intentos reformistas cuando, en un contexto distinto, sostuvo que "un conservador es un liberal que está en el gobierno".

Sólo aquellos países en los que la sociedad civil fue más fuerte y las instituciones menos intrusas, la corrupción resultó menos abarcadora: Costa Rica, Uruguay y Chile.

En 2001, poco después del colapso del gobierno de Fujimori, sugerí la necesidad de un "museo de la corrupción", financiado de forma independiente. La memoria es una manera en la que los peruanos puedan empezar a modificar algunas de las causas sempiternas de la corrupción. Pero la preservación de la memoria política no es una tradición peruana.

*Director del Centro para la Prosperidad Global en el Independent Institute. AVLlosa@independent.org.