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29/06/2010 | Argentina - Algo más sobre los abogados y la decadencia económica

Roberto Cachanosky

Desde 1983 hasta ahora, todos los presidentes argentinos han sido profesionales del Dereche. Y, justamente en este período, el atropello institucional se profundizó en forma alarmante.

 

El viernes pasado, el portal de La Nación publicó un artículo mío que titulé Abogados presidentes y decadencia económica, nota que surgió luego de leer otro texto de Orlando Ferreres también en el sitio de La Nación.

La nota de Orlando Ferreres hacía referencia a que desde 1810, 28 presidentes habían sido de profesión abogados, sobre 69 que contabiliza en su escrito. El dato interesante es que desde 1983 hasta ahora todos los presidentes han sido abogados y, justamente en este período, la decadencia institucional se profundizó en forma alarmante.

No era intención de esa nota menoscabar la profesión de los abogados y mucho menos decir que por culpa de los abogados se profundizó la decadencia económica argentina. Simplemente me pareció llamativo que habiendo sido, desde 1983, todos los presidentes de profesión abogados, el avasallamiento de los derechos de propiedad y el desprecio por el sistema republicano de gobierno haya sido tan deteriorado, llegando a su punto máximo con los Kirchner, un matrimonio de abogados.

Frédéric Bastiat (1801-1850) escribió un breve ensayo titulado La Ley, en ese ensayo marca el punto que me interesa resaltar. Bastiat habla de dos tipos de expoliación. La expoliación extra legal y la expoliación legal. La primera es el simple robo, la estafa, que son penadas por los códigos. La segunda, la expolición legal, la define de la siguiente manera: “La ley a veces defiende y participa en la expoliación. A veces la lleva a cabo por su propia mano a fin de ahorrarle al beneficiario la vergüenza, el peligro y el escrúpulo. A veces pone todo aquel aparato de juzgados, policía, gendarmería y prisión, al servicio del expoliador, tratando como criminal al expoliado que se defiende”. Con esto nos está diciendo que diferentes sectores de la sociedad recurren al Estado para que éste, mediante una ley, les quite a otros lo que les pertenece para dárselos a ellos. Se pregunta Bastiat cómo reconocer el robo legalizado, y responde de esta manera: “Hay que examinar si la ley quita a algunos lo que les pertenece, para dar a otros lo que les pertenece. Hay que examinar si la ley realiza, en provecho de un ciudadano y en perjuicio de los demás, un acto que aquel ciudadano no podría realizar por si sin incurrir en criminalidad”. Dicho crudamente, Bastiat nos advierte sobre el indebido uso del monopolio de la fuerza que suelen utilizar los gobernantes para literalmente robarle el fruto de su trabajo o su patrimonio a gente que ha trabajado honestamente. Actualmente este tipo de robo legalizado se llama justicia social, políticas públicas activas, función del Estado para regular el mercado y cosas por el estilo.

Digamos que en nombre de la justicia social, de la protección de las fuentes de trabajo, de defensa de las empresas nacionales (como si las empresas pertenecieran a una nación) el Estado puede usar el monopolio de la fuerza para robarle a unos y darle a otros que se consideran con el derecho de consumir sin producir. De vivir a costas de los que producen.

Cuando el Estado sigue este camino, es que deja de existir el estado de derecho y los gobernantes pasan a ser una especie de banda de delincuentes que, con el argumento de haber sido votados por el pueblo, consideran que pueden quitar a gusto y placer el patrimonio y los ingresos a los que producen para repartirlo en nombre de la solidaridad.

El Estado se transforma en un saqueador, pero tan pervertida está la ley que quien trata de defenderse frente al saqueo del Estado pasa a ser, ante los ojos de esa ley pervertida, un delincuente. Por ejemplo, hoy día quienes trabajamos tenemos que mantener a legiones de piqueteros que viven sin producir y son una especie de fuerza de choque del gobierno de turno. Si alguno de los que producimos diariamente dijéramos que nos negamos a pagar impuestos para financiar a aquellos que viven de nuestro trabajo y que, encima, son los que van a agredirnos si nos negamos a ser saqueados, entonces somos delincuentes ante la ley por evadir impuestos o llamar a la rebelión fiscal.

Y si alguien piensa que estoy exagerando, basta con recordar la protesta del campo cuando la 125 y como un dirigente piquetero, financiado con nuestros impuestos, salió a repartir trompadas con su fuerza de choque en defensa del gobierno de Cristina Fernández. Hemos llegado a tal grado de locura que tenemos que pagar impuestos para financiar a aquellos que nos van a agredir. Y si no pagamos los impuestos para financiarlos entonces somos evasores. Es decir, delincuentes.

Este es un solo ejemplo que podríamos dar sobre la ley pervertida, pero el listado es gigantesco y va desde sectores que piden protección contra la competencia (desproteger al consumidor), hasta los que exigen que otros le paguen la casa e infinidad de demandas llamadas sociales.

Una sociedad que vive bajo estas normas jamás puede progresar porque todos empezamos a saquearnos unos a otros y cuando el saqueo es generalizado nadie quiere producir y todos pretenden vivir a costa de los otros. ¿Acaso no es este nuestro principal drama? Usar la ley para robarle el trabajo a quienes producen honestamente.

Ahora bien, como decía antes, la nota de La Nación lejos estuvo de afirmar que los abogados son unos ineptos. Lo que resalté es que desde 1983 hasta la fecha todos los presidentes fueron abogados y despreciaron el principio de un Estado limitado y subordinado a la ley. Pero también dije en esa nota que así como el problema económico no podía resolverse sin tener previamente un orden jurídico que estimule la producción eliminando el robo legalizado, era necesario establecer una suerte de análisis en que intervinieran varias disciplinas. Porque en definitiva si durante 27 años, por tomar desde 1983 hasta la fecha, el Estado se ha transformado en el impulsor del robo legalizado es porque hay una población que, mayoritariamente, ve con buenos ojos este tipo de políticas.

Hay algo que ha calado muy profundamente en la sociedad argentina que hace que acepte que los gobernantes (sean abogados, economistas, ingenieros o lo que fuera) usen el monopolio de la fuerza para actuar como lo haría un simple delincuente, con la diferencia que porque es una ley está bien. Y ese algo, me parece, tiene que ver con la cultura de la dádiva que se instauró en el país, cultura de la dádiva que es funcional a los dirigentes políticos porque el que más saqueo promete es el que suele ganar las elecciones.

Puesto de otra manera, yo nunca podría ganar una elección en la Argentina porque por principios jamás le prometería a la gente que les repartiría el dinero ajeno. Mi propuesta de gobierno consistiría en eliminar todas las trabas que le pone el Estado al espíritu emprendedor. Diría que el mejor modelo de distribución del ingreso es el que proviene de crear condiciones jurídicas, políticas y económicas para que tengamos una avalancha de inversiones que creen nuevos y más eficientes puestos de trabajo, aclarando que la avalancha de inversiones no sería en base a privilegios sino a la previsibilidad en las reglas de juego. A un sistema impositivo que no expolie a quienes producen gracias a un Estado reformado y limitado a sus funciones específicas, que son las de proteger el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Ahora bien, ¿a quién conmovería cono semejante propuesta? Ni en la Recoleta ganaría las elecciones porque reconozco que mi pensamiento es infinitamente minoritario en Argentina. Pero por tener un pensamiento minoritario no pienso renunciar a él con tal de conseguir votos ni la aprobación de la gente.

En definitiva, el problema no son los abogados los que han generado este lío fenomenal, sino que es una sociedad que quiere vivir con los beneficios del capitalismo aplicando las reglas del socialismo saqueador. Por lo tanto, si la mayoría de la población sigue apoyando a políticos que en nombre de la justicia social destruyen el estado de derecho, base fundamental del crecimiento económico, no debe sorprendernos que sigamos en esta larga agonía de decadencia permanente, porque ningún país tiene futuro sin inversiones competitivas y estas solo llegan cuando impera la ley, el respeto por el derecho de propiedad y la cultura del trabajo como forma de vivir.

Economía Para Todos (Argentina)

 


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