La reciente visita de alto nivel del gabinete de seguridad nacional de Estados Unidos, que incluyó al secretario de Defensa, Robert Gates, a la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, y a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, vino a refrendar el apoyo contundente de Barack Obama a Felipe Calderón en su lucha frontal contra el narcotráfico—aunque también puede verse como una respuesta ante la opinión pública estadunidense frente al asesinato del personal del consulado estadunidense en Ciudad Juárez. Ahí se anunció la continuación de la Iniciativa Mérida, un aumento de los recursos asignados a la misma— 300 millones adicionales a los mil 300 millones ya aprobados—, la ampliación de su ámbito de acción para incluir el fortalecimiento de la cohesión social y el desarrollo de una frontera segura y competitiva.
Son de celebrarse estos anuncios. La Iniciativa Mérida efectivamente significa un cambio paradigmático en la cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, pues se finca en el principio de una responsabilidad compartida y deja atrás la inacción o el señalamiento del otro como la causa del problema.
Sin embargo, y a pesar del altísimo nivel de la delegación estadunidense, reinó el escepticismo en los medios de comunicación y privó la percepción de que la retórica de la “corresponsabilidad” no se ha traducido en hechos concretos. A pesar del anuncio de nuevos recursos, es de todos sabido que México ha recibido apenas un diez por ciento de los recursos aprobados. Igualmente, una revisión de los documentos que se encuentran en la página de la embajada de Estados Unidos en México encontramos muchas acciones, por ejemplo, en términos de la capacitación de investigadores de la policía federal (cuatro mil 300) y de equipos caninos (44), la entrega de equipo de inspección para la detección de droga, armas y dinero (en 2009, la Sedena recibió 30 detectores manuales de iones, la SSP, cinco camionetas de rayos X Backscatter y 10 minivans de rayos X) así como de helicópteros (cinco) para ofrecer movilidad rápida a las operaciones antinarcóticos.
Estas actividades son importantes pero aún insuficientes, sobre todo si consideramos la dimensión del problema. Se calcula que el mercado de las drogas para los cárteles mexicanos oscila entre 20 mil y 50 mil millones de dólares. Según la misma fuente arriba citada, se han decomisado alrededor de 80 millones de dólares desde el año fiscal de 2009.
Aunque se reporta el lanzamiento de la versión en español del programa eTrace, que permite a los investigadores mexicanos rastrear armas de origen estadunidense, y la creación de dos programas, Armas Cruzadas y Proyecto Gun Runner, no sabemos cuántas han sido decomisadas. También, para el año fiscal 2011, el presidente Obama solicitó cerca de cinco mil 600 millones de dólares para apoyar esfuerzos de reducción en la demanda de drogas a nivel estatal y local, lo que representa un aumento de 13 por ciento para la prevención y cuatro por ciento para tratamiento.
Si se estima que en 2008, 20 millones de estadunidenses mayores de 12 años utilizaron drogas en el último mes del día en que se hizo la encuesta, significa que anualmente el gobierno estadunidense gasta aproximadamente 280 dólares para reducción del consumo de drogas por persona.
Esperemos que los resultados de la visita oficial del presidente Calderón a Washington en mayo próximo le den mayor credibilidad a la retórica de la responsabilidad compartida.
** Directora del Centro de Diálogo y Análisis Sobre América del Norte, del Tec de Monterrey
