El presidente electo le pide al actual que pacifique las cosas “sobre la base de la voluntad del pueblo”, un concepto que a estas alturas empieza a parecer más complejo que la erradicación de la minería formal, y con más actores que los movilizados en las calles. Las declaraciones de estos días sugieren un programa de lucha con todas las barbas.

Cabe pensar que a poco más de un mes del cambio de mando el humalismo tendría más recursos que pedir auxilio al gobierno saliente. Una declaración en el sentido de que apenas asuma la presidencia acatará eso que llama la voluntad del pueblo debería calmar las aguas automáticamente, y darle su primer punto a favor en la pacificación que preconiza.

De otra parte, el concepto de voluntad del pueblo en este caso tiene implicancias. ¿Las elecciones regionales y municipales, para no mencionar las recientes generales, no expresan esa voluntad? ¿Por qué da la viva impresión de que todas esas autoridades elegidas han sido puestas de lado, reemplazadas por otra lógica política?

Quizás a los conductores de la huelga y las asonadas en Puno, cuya cabeza visible es el contador Walter Aduviri, no les conviene desmovilizarse pronto haga lo que haga el gobierno saliente. Pues con cada día este gobierno es más criticado, y un fin de la huelga y las asonadas podrían ser vistos como un éxito del actual gobierno.

Además según se prolonguen las medidas de fuerza van configurando un elocuente mensaje al gobierno que llega. La declaración de Humala que comentamos sugiere que el mensaje ya ha llegado. Pero hay una agenda de los agitadores que viene desde Ilave 2004 y va bastante más allá de impedir la minería formal en la región.

Puno tiene más de un millón de habitantes, pero hasta ahora solo se han escuchado las voces de los movilizados, que en un momento llegaron a 10,000 (la voluntad del pueblo) y ahora parecen ser mucho menos que eso. Algunos dirigentes del resto de la sociedad civil, en desacuerdo con lo que viene sucediendo, han empezado a tratar de hacerse escuchar.

Su argumento más preocupante es que el país (políticos, medios, autoridades) están actuando a partir de un diagnóstico equivocado de qué es lo que realmente sucede y está en juego en Puno. No es una historia de ecólogos furiosos, dicen, sino de capitalistas informales, y hasta ilegales, dándole forma a la realidad puneña de acuerdo a sus necesidades.