Alrededor de 80% de los encarcelados bolivianos no ha sido formalmente acusado, mucho menos juzgado o sentenciado. La mayoría de Morales aprobó en 2010 que un funcionario elegido sea suspendido apenas haya una acusación contra él de cualquier tipo. Dos gobernadores y dos alcaldes de oposición ya han salido por esta vía.

A lo anterior se puede sumar una creciente proclividad a hacerse justicia por mano propia. Además una reciente reforma, que contiene algunos cambios necesarios y positivos, ha terminado de politizar el sistema judicial. De allí que la justicia se haya convertido en un nuevo campo de batalla entre el gobierno y la oposición.

El caso más sonado de justicia politizada y arbitraria es el arresto domiciliario del economista Juan Antonio Morales, durante 11 años presidente del Banco Central boliviano. Se le acusa entre otras cosas de haber recibido bonificaciones a su salario, una práctica formalmente establecida en el tiempo que ocupó el importante cargo.

La ONU local señala que “ante la frecuencia de casos judiciales que involucran a personalidades políticas de la oposición… se desea manifestar que los mismos sean tratados por las autoridades competentes en un marco de estricto apego a la imparcialidad, la presunción de inocencia, el debido proceso y la más alta transparencia, según establece la Constitución”.

El caso de Juan Antonio Morales, una persona con prestigio local e internacional, ya ha atraído también la atención de la prensa en el mundo, incluidos medios como The Economist, Estado de Sao Paulo y Newsweek en línea. JAM está preparando una lista de colegas similarmente perseguidos y agraviados.

Sin duda, el de Evo Morales no es el único interesado en llevar funcionarios de pasados gobiernos a la justicia, hoy una práctica frecuente en América Latina. Lo que viene creando preocupación es la manera arbitraria en que ello se está produciendo, y la forma en que el poder de legislar es usado para ir contra opositores en cargos electivos.

Hace ya algunos meses la facultad de Economía, con Javier Iguíñiz y Efraín Gonzales de Olarte a la cabeza, circuló una petición en protesta por la detención de JAM. Hasta ahora el gobierno boliviano no se ha dado por aludido frente a ninguno de estos llamados, que se vienen multiplicando en varios países.