Estos son algunos de los aspectos del acuerdo, cuyo texto se difundió a través de la web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y que fue firmado el pasado viernes en Bogotá.

El documento confirma así la autorización que ya tienen las aeronaves estadounidenses, para aterrizar en cualquier aeropuerto internacional de Colombia.

"Las partes suscribirán un acuerdo de implementación en el que se establecerán los procedimientos para la entrada, sobrevuelo y aterrizaje; se designarán los aeropuertos internacionales para el ingreso y salida del país", señala el texto del acuerdo.

Además, agrega que se establecerá un mecanismo para determinar el número estimado de vuelos que harán uso de los aeropuertos internacionales, de conformidad con la normatividad colombiana.

Colombia tiene en la actualidad siete pistas internacionales en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y San Andrés.

Antes del acuerdo firmado este viernes, las aeronaves militares estadounidenses sólo podían ingresar a Colombia por el aeropuerto El Dorado de Bogotá y desde allí se dirigían a sus lugares de destino, pero el convenio les permite ahora aterrizar en cualquier terminal aéreo de operación internacional del país.

Fuentes de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) confirmaron al diario El Tiempo que ese tema es "irrelevante", porque las pistas serán usadas únicamente para aterrizaje y despegue.

La base aérea de Palanquero, en el centro de Colombia, será el eje central de las operaciones, aunque los estadounidenses tendrán acceso a siete instalaciones militares en total.

Las otras bases que podrán usar los estadounidenses son Larandia (sur, departamento de Caquetá) y Tolemaida (centro, Cundinamarca y Tolima); las aéreas de Malambo (norte, Atlántico) y Apiay (sur, Meta), así como las navales de Cartagena (norte) y Málaga, en el Pacífico.

Con este acuerdo, que Bogotá ha presentado como complementario a uno global de cooperación en vigencia desde 1974, Washington busca suplir el cierre de la base ecuatoriana de Manta, cuyo contrato de diez años no fue renovado por el Gobierno del presidente de ese país, Rafael Correa.