No se trata sólo de diferencias salariales, de acceso a preparación profesional, de vulnerabilidad o exposición al peligro, sino también de niveles de solidaridad profesional y de protección y atención gubernamental.
La reacción y la presión de la prensa nacional, así como la repercusión internacional y la rapidez policial para liberar a los periodistas, dos de ellos de medios prominentes, la televisora Televisa y el periódico Milenio, contrastan con la poca atención del gobierno y la escasa solidaridad del gremio periodístico sobre la violencia y el incremento de asesinatos (70) y desapariciones (19) de informadores que se vienen registrando con total impunidad en el último lustro en el interior del país.
México no es la excepción. En Argentina, Brasil y Colombia, la prensa nacional e internacional y los gobiernos reaccionaron ante los asesinatos de periodistas de medios importantes como José Luis Cabezas en Buenos Aires o Tim Lopes en Río de Janeiro, o ante el ataque de los narcotraficantes a la sede de El Espectador en Bogotá.
La prensa nacional mexicana, ahora atacada, tendrá la solidaridad con marchas y muestras de afecto, como programas televisivos que fueron dejados en blanco y ríos de tinta en señal de protesta, e instituciones y políticos locales y foráneos que ostentan su oportuna presencia. La del interior, siempre vulnerada y hasta ahora casi ignorada, seguirá esperando la solidaridad gremial y política, que sus secuestrados aparezcan y los asesinatos sean resueltos, y que el Congreso y el Poder Ejecutivo nacionales reaccionen tras un reclamo de años por mejores leyes, más amparo y protección.
Muchos, con razón, dicen que la gravedad de los secuestros de esta vez no estaba sólo dada por el plagio, sino porque el crimen organizado extorsionó a los medios para que trasmitan videos so pena de asesinar a los periodistas. Pero en el interior, Baja California, Tamaulipas, Sinaloa o Durango, la prensa desde hace años reclama estar secuestrada y sus líneas editoriales vulneradas. Ante la inacción gubernamental, directores y periodistas admiten que se ven obligados a autocensurarse como medida de protección o, lo que es peor, a dejar que los narcos dicten la pauta noticiosa, comprando silencio o titulares.
El periodismo estadounidense también es responsable indirecto de la existencia de estas dos prensas. El retiro masivo de corresponsales de suelo mexicano ha creado un vacío informativo y minimizado la presión sobre los gobiernos. Un solo párrafo de un solo día en una tapa del New York Times o el Wall Street Journal tiene mil veces mayor influencia y presión económica sobre un gobierno que el machaqueo continuo y de años que puede hacer un diario local.
Pero no es tiempo para rasgarse las vestiduras. Este caso de secuestros pudiera ser el punto de inflexión que la prensa mexicana --toda-- necesitaba. El gobierno está con la guardia baja y anuente a conceder lo que se le reclama, como lo viene haciendo la SIP desde hace más de una década: federalización de crímenes contra periodistas, no prescripción de esos delitos, aumento de penas contra quienes los cometan e instituciones que velen por todo esto, con recursos y presupuesto.
Este jueves el presidente Felipe Calderón reunió a medios capitalinos. ¿El resultado? Muy malo. Los medios tienen la culpa de la crisis violenta; hacen apología; son responsables; deben autorregularse. El gobierno salió indemne.
Pero no todo depende del gobierno, ni las marchas entre periodistas son suficientes; son las manifestaciones del pueblo a las que los políticos temen y quieren agradar.
Si la prensa mexicana quiere salir fortalecida de esta experiencia debe hacer mucha autocrítica y desbordar unidad, solidaridad e igualdad. Debe lograr que sus secuestrados y muertos, como en las experiencias foráneas de Cabezas, Lopes o El Espectador, sirvan para que la opinión pública general entienda que cuando cae un periodista o un medio es atacado, sin diferencias, así sea en una capital o en un pueblito, todos pierden.