La forma en que el Congreso paraguayo destituyó a Lugo fue para algunos un flagrante golpe de Estado; para otros, se trató en esencia, de un legítimo juicio político, apegado a Derecho y normas constitucionales. La falta de violencia y coerción en el proceso, la ausencia de una fuerza armada activa y que el Presidente aceptara la decisión tranquilamente en su despacho, sin que se le expulse en helicóptero o pijama, reflejan un panorama muy diferente al que terminó con Manuel Zelaya en 2010 y en forma momentánea con Hugo Chávez en 2002.

Lo que caldeó más el ambiente fue la injerencia de Chávez en el conflicto, a quien se le atribuyen los cambios bruscos de conducta del ex obispo católico y ahora ex presidente Lugo. En un santiamén, saltó de “me someto a la decisión del Congreso”, a denunciar un “quiebre democrático mediante un golpe parlamentario”; y desde organizar un gabinete paralelo y un frente para la resistencia, hasta anunciar que será candidato para las elecciones de abril próximo.

No solo la rareza y rapidez del proceso de destitución fueron notables, sino también el alto porcentaje de diputados y senadores que estuvieron en su contra. Por eso huele a excusa que se haya basado en un episodio de ocupación de tierras donde murieron 11 campesinos y seis policías; porque casos así en otros países, acaban con ministros y responsables, pero jamás con presidentes. Lo que sucedió es que a Lugo, así como a Zelaya en Honduras, le pasaron factura por haber comprometido lealtades al ALBA, endetrimento de los partidos políticos que lo llevaron al poder.

De ahí que Chávez fuera el primero en acusar recibo, anunciando de inmediato un embargo petrolero contra Paraguay. Es que el presidente sabe bien que los senadores paraguayos, representan su último escollo –tras la aprobación de argentinos, brasileños y uruguayos– para que Venezuela entre como socio pleno al Mercosur.

Si bien la destitución puede calificarse de inapropiada y apresurada, Paraguay demostró tener instituciones públicas más independientes y equilibradas que muchos otros países. También evidenció hipocresías ideológicas, ya que los más resentidos, como Raúl Castro, Daniel Ortega, Evo Morales, Rafael Correa y Chávez, quienes siempre reclaman contra la injerencia y la autodeterminación, fueron los que más se entrometieron en este conflicto. El nuevo gobierno de Federico Franco denunció que el canciller venezolano, Nicolás Maduro, arengó a los militares paraguayos para que defendieran a Lugo.

La hipocresía es que muchos de estos gobernantes son los responsables de consistentes “golpecitos” constitucionales. En sus países se han denunciado procesos electorales viciados, sometimiento de jueces, hostigamiento contra periodistas y medios, y servilismo de legisladores que delegan en el Poder Ejecutivo su función de legislar. El caso más grave fue el autogolpe parlamentario de 2010 en Venezuela, cuando la Asamblea Legislativa, semanas antes de que asumieran los legisladores de la oposición, le otorgó a Chávez un poder por 18 meses para que haga leyes a su antojo.

Si fue un golpe o un proceso constitucional, lo de Paraguay pasará a la historia según la óptica del observador; dudas que hasta calaron en el área de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA calificó de inaceptable “lo expedito del juicio político”, a diferencia de la Fundación para los Derechos Humanos, una ONG independiente, que argumentó que el proceso cumplió con la Carta Democrática Interamericana. Es probable que la CIDH apresurara su diagnóstico, tratando de neutralizar las críticas y amenazas de disolución en su contra quelideran los presidentes de Venezuela y Ecuador.

Lo importante será que pese a las medidas disciplinarias que adopten las entidades continentales –OEA, Mercosur, Unasur– los nuevos dirigentes paraguayos demuestren que el juicio político no afectará de ninguna forma el orden y compromiso democrático.