A diario en cada país se revelan actos de corrupción. Ilusiona que la justicia costarricense haya condenado esta semana al expresidente Miguel Ángel Rodríguez, por aceptar sobornos de una multinacional francesa, pero pocos casos como este son sentenciados, por lo que el ciudadano pierde credibilidad en el sistema.

El problema no son los actos corruptos, sino que la corrupción se ha incorporado como estilo de vida. En Brasil, por ejemplo, se tolera que 11 de 27 gobernadores electos en octubre último estén manchados por compra de votos. En México, que muchos diputados ocupen bancas gracias a dineros del narcotráfico. Y en Argentina, que la Sindicatura General, el ente que vela por la transparencia del Estado, se niegue a informar sobre anomalías detectadas en organismos de gobierno.

No rendir cuentas parece la norma en la región. La administración pública es una maquinaria perversa que engulle todo a su paso; los que entran decentes son transformados. En ese ambiente enfermizo, la deshonestidad se custodia con autoritarismo. Así, los de más arriba reforman constituciones para perpetuarse en el poder y mantener su inmunidad, o manipulan leyes para gobernar de espaldas al pueblo, sin contrapesos ni fiscalización.

El presidente Hugo Chávez es claro ejemplo. Acaba de reformar por decreto a Petróleos de Venezuela, obligándola a que entregue un porcentaje mayor de los excedentes del crudo a su Fondo de Desarrollo Nacional. Una partida de fondos que maneja a discreción y sin rendir cuentas. A más de 100 dólares el barril, se estima que este año tendrá unos 11.000 millones a disposición, por lo que pronto recomenzará la exportación de revolución bolivariana, encapsulada en valijas llenas de efectivo.

¿Se puede detener esa cultura de la corrupción? ¡Seguro que sí! Pero se necesita voluntad política; crear leyes rigurosas y severas; emancipar a la justicia. No basta con aquellas leyes que protegen los asuntos públicos, como las de lavado de dinero; se necesita también de las que combaten la corrupción interna, y obligan a gobernar en forma abierta.

En México, Perú, República Dominicana, Ecuador, Chile, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, se crearon en los últimos años leyes de acceso a la información pública, pero a juzgar por los resultados, fueron más producto de la demagogia que de la vocación por crear una cultura de la transparencia. Funcionario que retacea información no es castigado, y los gobiernos no educan al ciudadano sobre su derecho a conocer la forma en que se administran los recursos públicos.

En Argentina, Bolivia, Costa Rica y Paraguay, los políticos hablan de ser transparentes, pero proyectos de ley sobre el tema hace más de un lustro que duermen engavetados en los congresos.

Crear una cultura de trasparencia es trabajo arduo y constante. En EEUU, una ley de 1966 ayudó a construir un gobierno abierto, pero todavía se reclama por la tendencia al secreto. Una encuesta reciente de la Fundación Knight halló que 13 de 90 organismos estatales no tienen el hábito de rendir cuentas, a pesar de que el presidente Barack Obama instruyó desde el primer día de su gobierno abrazar una política de apertura.

Este 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, un día que no debe pertenecer a periodistas ni medios, sino para reivindicar el derecho del público a saber. Es buena oportunidad para que los gobiernos adopten leyes para que empiecen a transformar la cultura de la corrupción en una de honestidad. Un buen gesto en ese sentido lo dará la presidenta brasileña Dilma Rousseff, quien se espera que ese día sancione una ley de acceso informativo y transparencia.

Ser corruptos o transparentes depende en gran medida de las reglas. El desafío de los gobernados es exigirlas, para que los gobernantes estén obligados a custodiar los bienes ajenos como propios.