El Tribunal Electoral del Poder Judicial de México ha despejado el camino para que los políticos se pongan a trabajar. No ha sorprendido que haya rechazado la impugnación de las elecciones por la izquierda, pues las pruebas eran débiles. Las elecciones del pasado 1 de julio fueron posiblemente las más limpias que se hayan celebrado en el país desde el punto de vista del voto, incluso en el caso de que el PRI, ganador, y el PAN perdedor, pudieran haber contado con cierta ventaja mediática que perjudicó a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Este, sin embargo, llegó en segundo lugar. Tras el dictamen que declara la validez de las elecciones, México debe dejar atrás esta disputa y ponerse a trabajar.

Pues el tiempo apremia ante la magnitud de las reformas que deben emprenderse en todos los ámbitos, desde el energético al fiscal. Un plazo de cinco meses entre la elección y la toma de posesión del nuevo presidente, el priísta Enrique Peña Nieto, es excesivo. Debe aprovecharlo, al carecer de mayoría suficiente en el Congreso, para preparar un acuerdo lo más amplio posible que acelere las decisiones y la aplicación de las medidas. Ganar le resultó fácil. El PRI y Peña Nieto saben que ahora empieza lo más complicado: poner en marcha una agenda de crecimiento para la que necesitarán, como poco, al PAN.

La izquierda, que se colocó en segundo lugar tanto en las presidenciales como en las parlamentarias, ocupa una posición relevante en el Congreso y tiene un claro futuro. Le toca decidir si quiere influir o no en las reformas que van a transformar a México para proyectarlo en el siglo XXI. Y, por tanto, si va a jugar en las instituciones o si prefiere mantenerse fuera de juego haciendo ruido en la calle, como el que orquestó López Obrador en 2006 y vuelve ahora a repetir. México necesita una izquierda fuerte y activa que contribuya a una colosal transformación del país que no olvide la justicia social.