Al rendir su informe anual de labores ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ombudsman nacional recalcó que las instituciones encargadas de la seguridad pública en la lucha en contra de la delincuencia es una responsabilidad del Estado que puede y debe realizarse con pleno respeto a los derechos humanos.

Dijo que en el 2010, periodo que abarca su informe, “la sociedad mexicana experimentó momentos difíciles”, como resultado de la violencia del crimen organizado, así como de los enfrentamientos entre las autoridades de seguridad pública y la delincuencia, lo que dio como resultado el número más alto de muertes violentas en los últimos años.

Agregó que esta situación provocó una injusta afectación en la esfera de los derechos y las libertades de personas ajenas a la delincuencia, y expuso que el año pasado, 111 personas inocentes, no vinculadas con delito alguno, perdieron la vida en operativos de seguridad pública.

Plascencia Villanueva llamó a evaluar las estrategias en la materia, que tenga como uno de los aspectos fundamentales el respeto a los derechos humanos, “lo cual es una obligación irrenunciable por parte del Estado, dado que debe garantizar y procurar una plena seguridad pública”, indicó ante el pleno del máximo tribunal del país.

Al término del acto, lamentó que una juez haya resuelto la suspensión del documental “Presunto Culpable” y señaló que es importante que en el país se evite cualquier acto de censura, y por el contrario, abonar a la libertad de expresión.