LA explosión de Fukushima va a reabrir en España el debate nuclear por su punto de fricción más áspera en un momento en que hasta ciertos sectores de la socialdemocracia y del Gobierno empezaban a reconsiderar su tradicional resistencia a la opción atómica bajo la presión de la crisis. En esa vieja polémica todo es apriorismo radical y abuso ventajista: los adversarios aprovechan cualquier episodio de alarma para agitar los fantasmas del apocalipsis y los pronucleares minimizan la evidencia del riesgo y refuerzan su argumentario cuando la recesión aprieta sobre los costes de las energías renovables. Hasta el lenguaje aparece contaminado de oportunismo, de modo que el mismo problema resulta un «accidente» o un «incidente» según los prejuicios de parte. Ésta es una confrontación de trazo grueso en la que los matices son siempre la primera víctima. Mientras los ecologistas destacan la gravedad de los daños y asimilan el reactor averiado al de Garoña, sus oponentes resaltan la excepcionalidad histórica del terremoto japonés y el relativo aguante de la instalación afectada. Estamos ante un paradigma de énfasis subjetivo; hechos desenfocados al servicio de la propaganda.

Fukushima va a ayudar poco a la necesaria reflexión que la cuestión nuclear necesita en España, porque el miedo crea una contagiosa atmósfera emocional que espanta cualquier clase de ponderación objetiva; mal aliado del esperanzador replanteamiento que empezaba a producirse en torno a nuestro sistema de producción de energía. Desdeñar el problema de la seguridad, como suele hacer el lobbyatómico, supone un grave error de orientación; el riesgo cero no existe en las centrales, la gente lo sabe y no habrá ningún avance por el camino de minusvalorar la amenaza. Pero tampoco por la indecorosa manipulación de la inquietud de la opinión pública.

Lo que procede es tratar a los ciudadanos como personas maduras sin intentar pastorearlas desde la simplificación o la demagogia. Falta pedagogía y sobra ofuscación. España tiene una aguda dependencia energética que grava los costes industriales y domésticos de la electricidad y lastra la recuperación económica. En ese marco de déficit parece irresponsable no plantearse un incremento nuclear, pero hay que establecer con claridad las contraindicaciones y dejar que la gente forme su criterio. Mantener el parque actual de centrales supone afrontar su delicado proceso de envejecimiento. Para ampliarlo falta consenso social y político. Y la seguridad completa es una utopía. Ésas son las premisas sobre las que sólo cabe una discusión honesta y sin tabúes, interferencias ni recelos. La crucial decisión estratégica que el país deberá tomar en algún momento pasa por evaluar costes, riesgos y oportunidades, y actuar en consecuencia. No parece la clase de juicio que convenga emitir bajo el impacto expansivo de un descomunal seísmo.