Con su rancia retórica antiimperialista, Evo dejó desde el principio bien clarito que le iba a poner la proa a las multinacionales del gas y del petróleo, según esa anacrónica pulsión radical que impregna de nuevo a la izquierda hispanoamericana de furor antiliberal y suicida nacionalismo económico. Otra cosa es que algunos no lo quisieran oír, o que prefiriesen hacerse los sordos.

Tal le ocurrió al Gobierno español cuando, allá por las Navidades, el recién electo presidente boliviano se paseó por los Madriles con su jersey de rayas acompañado de todo el «establishment» político y social, que le acogió con ese cordial interés antropológico que la acomodada progresía europea dispensa a los revolucionarios americanos, a los que con tanta generosidad exime moralmente de los formalismos de la democracia burguesa. Codazos hubo por retratarse junto al de la chompa, aunque algunos empresarios más curtidos en el pragmatismo de las inversiones exteriores lo hicieron más bien con los dientes apretados, halagadores tan forzosos como recelosos de sus nada ocultas intenciones. Fue un espectáculo vergonzante: la evidente simpatía de la dirigencia socialista por el discurso de Morales se compaginaba con un manifiesto desasosiego ante la hipótesis de que el aplaudido líder aprovechase tan complaciente acogida para birlarles la cartera.

Y eso es lo que ha hecho, a la postre, sólo que sin tapujos y bajo la bendición de una explícita identidad de principios, lo que ha venido a crear al Gobierno de Zapatero un conflicto de intereses. De un lado, la indiscutible comprensión por su causa, y de otro, el más incontestable perjuicio que la nacionalización de los hidrocarburos ocasiona a las empresas españolas, muy especialmente a Repsol y a su accionista de referencia, esa Caixa con la que el ministro Montilla mantiene una excelente relación de favores recíprocos. Atrapado en la evidencia de que Evo no ha hecho sino aplicar la doctrina que tanta benevolencia cosechó, el Ejecutivo intenta ahora minimizar los daños sabiendo que, como ha reconocido el secretario de Estado de Exteriores, la cosa «tiene mala pinta». Y tan mala: como que el Ejército boliviano anda custodiando los pozos petrolíferos mientras su eufórico presidente, tocado ahora con un casco de obrero, imita el célebre «tó pal pueblo» con que Alfonso Guerra explicara en su día la expropiación de Rumasa.

Bolivia acabará pagando en su desarrollo este delirio populista alentado por los petrodólares de Hugo Chávez. Pero de momento la primera factura se la ha pasado a los accionistas de Repsol, mientras Zapatero, en su infinito adanismo, proclama que España mantendrá su programa de ayudas, es decir, que pondrá la otra mejilla para que se la marquen con otro guantazo. Igual hasta que Evo no nacionalice los medios de comunicación, el Gobierno no se considere en la obligación de darse por aludido.