Y no importa de qué partido provenga el siguiente gobernante. A once meses de las elecciones del año entrante, el país ya está sufriendo una crisis de seguridad histórica. Hay pocos factores que pudieran indicar la posibilidad de que cambiará esta tendencia.

A diferencia del proceso electoral del 2012, donde fue electo Enrique Peña Nieto, la estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón, hubo una reducción importante de los asesinatos en el país, y debilitamiento de algunas de las organizaciones más violentas en el país, especialmente importante el caso de los Zetas.

La gran diferencia doce años después es que, además de tener cifras históricas de homicidios, feminicidios, extorsiones y cobro de piso, este gobierno parece que ya se dio por vencido, y no tiene ninguna estrategia para detener y mucho menos reducir la violencia y el control territorial antes de los comicios del año entrante.

Es demasiado tarde, y seguramente el presidente piensa que cualquier esfuerzo a estas alturas de su administración fracasará con posibles costos políticos para López Obrador y su legado histórico.

Los reportes anecdóticos y periodísticos de la participación de las organizaciones criminales en las elecciones de los últimos dos años, ya sea proporcionando dinero para comprar votos o amenazando y asesinando candidatos, sería catastrófico para cualquier gobierno responsable.

En lugar de implementar una estrategia para evitar que estas organizaciones también definan los resultados de las elecciones del 2024, el presidente López Obrador reconoció que el problema de seguridad sería uno de los temas “pendientes” de la Cuarta Transformación (obviamente culpando a Felipe Calderón).

Y al no tomar pasos contundentes para perseguir y castigar a los delincuentes que abiertamente participaron en los procesos electorales, la impunidad envió un mensaje a las organizaciones criminales que la puerta está abierta para su participación en el 2024.

La absoluta indolencia e irresponsabilidad del presidente de permitir la interferencia de organizaciones criminales podría interpretarse como una parte de la estrategia nacional para asegurar el éxito electoral de Morena y la continuidad de la Cuarta Transformación.

Pero también esto resultará en un mayor control territorial,  alcaldes, algunos gobernadores y posiblemente diputados y senadores aliados.

Y ante este escenario catastrófico, el futuro presidente o presidenta tendrá que tomar la difícil decisión de cogobernar con algunas de estas organizaciones o tomar la difícil decisión de debilitar o desmantelar estas organizaciones. Y obviamente esta decisión tendrá un impacto en el resto del sexenio.

De hecho, es comprensible porque el siguiente gobernante decida hacerse “ganso”, perdón, “pato” ante esta disyuntiva. Otro de los factores importantes que definirán el rumbo de las elecciones y por ende la democracia mexicana, son las amenazas y asesinatos de candidatos y posibles candidatos.

Los aparatos de inteligencia y hasta los mismos partidos desde hace un año tendrían que haber identificado las áreas “rojas” o “comprometidas” del país para implementar una estrategia para identificar candidatos que no estén vinculados a las organizaciones criminales, pero también empezar a proporcionar seguridad o algunos mecanismos para proteger la integridad física de los eventuales candidatos.

Uno de los factores que podría incrementar la violencia política son las mañaneras. Las agresiones diarias del Presidente en contra de Xóchitl Gálvez serían inaceptables si no fuera AMLO. En un país “normal” el que el presidente amenazara a una candidata de la oposición tan agresivamente, debería traducirse en grupos feministas, indigenistas, progresistas, pacifistas, protestaran agresivamente en contra de López Obrador. Pero México ya se acostumbró a la violencia verbal del Presidente.

El problema de nuevo es que estos ataques a una posible candidata de la oposición, y la impunidad que envuelve al presidente envían un mensaje a los grupos que sí estuviesen dispuestos a usar violencia para proteger sus intereses políticos y económicos.

Finalmente, el turrón del pastel de este desastre electoral es la ambivalencia de las autoridades electorales. El INE, al no querer o no poder controlar las campañas anticipadas de Morena y los partidos, además del proselitismo diario desde la mañanera, también está enviando una señal de su debilidad e incapacidad de poder detener a los violadores del proceso.

Todavía no inician formalmente los procesos electorales, y ya la impunidad es la normalidad del actuar del gobierno y los actores políticos. Una vez iniciado el proceso, no habrá autoridad, ni legislación, ni candidatos que se respeten. Y esta sería la forma de sabotear y robarse las elecciones.

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ana-maria-salazar/2023/07/14/como-sabotear-y-robarse-las-elecciones/