Y es que, como muchos analistas han subrayado en las últimas semanas, y yo me incluyo entre ellas, no solo enjuician a García Luna, también está en la picota pública la relación bilateral en materia de seguridad de los últimos 30 años. Al igual que en México, en el gobierno de Estados Unidos la pregunta surge de quién sabía y por qué se continuó trabajando con García Luna, aún después de que dejara la Secretaría de Seguridad Pública en el 2012. Obviamente los funcionarios estadounidenses que procesaron la visa y la eventual ciudadanía del ahora condenado en Nueva York no tenían la información que tenía la DEA, de lo contrario, no le hubieran proporcionado los documentos necesarios que le permitieron vivir en Estados Unidos hasta su arresto y detención.

Y ahora en México y Estados Unidos continuará la cacería para identificar quién sabía, por qué no se informó, quién se benefició y quién asumirá los costos políticos. El Senador Chuck Grassley exigió que, en menos de un mes, el FBI y la DEA entreguen todos los videos, audios y documentos donde se haga referencia a García Luna. Seguramente el Departamento de Estado buscará arrastrar los pies ante la demanda de los legisladores. Como lo explicó el Presidente López Obrador, todos tenemos que esperar a la audiencia en junio para que se defina no solo la sentencia que recibirá el condenado, pero muchos estarán a la expectativa de descifrar si García Luna estuviese dispuesto a cooperar con las autoridades.

En la última parte de la entrevista con John Feeley, que no se transmitió en la mañanera del Presidente López Obrador, el embajador contesta una pregunta fundamental: ¿Qué sucederá con la relación bilateral después del juicio de García Luna? En México se vivirá el síndrome de la emboscada”, contestó el invitado: después de cooperar con los estadounidenses, funcionarios mexicanos se estarán cuestionando en qué momento estos “pinchi gringos” me perseguirán usando información que el gobierno de México les ha proporcionado. A la luz de los operativos Rápido y Furioso, la detención del General Salvador Cienfuegos, y ahora el juicio de García Luna, desconfianza será la definición del futuro de la relación bilateral. Esto se está traduciendo en un grave deterioro en la cooperación y coordinación entre ambos países, por lo menos unos ocho años.

Y continuarán las investigaciones en ambos países. En los Estados Unidos, las agencias tendrán que responder ante legisladores republicanos y demócratas del apoyo en millones y millones de dólares del erario que recibió México, dinero que estos argumentarán se tiraron a la basura. Ante la cerrazón en la relación, tampoco sorprende que entre las soluciones que de nuevo surgen por parte de los legisladores estadounidense es que se declaren a las organizaciones criminales en México como terroristas.

Obviamente es una solución política que posiblemente no tenga un impacto inmediato en la persecución de los “terroristas” mexicanos que trafican fentanilo a los Estados Unidos y que están resultando en la muerte de un número histórico de jóvenes. Pero el impacto sería político. En el 2024 se llevarán a cabo elecciones en Estados Unidos. Y todo indica que el fentanilo, seguridad en la frontera y el tema migratorio definirán quién será el siguiente presidente. Y a falta de cooperación, entonces lo único que queda es la pantomima y el síndrome de la emboscada.

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