No es un equívoco para colombianos, que de sobra conocen lo que está en juego y lo que se ha avanzado en las conversaciones de La Habana. Pero sí para los que sigan, incluso con atención, el proceso desde Europa. Lo que se discute en la capital cubana, pese a que las conversaciones se llamen de paz, solo es un plan de paz, que esta semana comienza a debatir la incorporación a la vida política de los insurrectos.

Cabía enfocar el problema colombiano desde dos diferentes puntos de vista: el primero consistiría en acometer una gran reforma sociopolítica, y discutir solo entonces el fin de las hostilidades. Habría sido preciso para ello una definitiva reforma agraria, que nunca podría haberse entendido como concesión a las FARC, puesto que, con guerrilla o sin ella, es lo que necesita el país; y, segundo, lanzar el proceso hoy en curso en el que, a partir de unas conversaciones secretas anteriores a la cita de La Habana, se negocia la firma de una paz básicamente militar, pero unida al compromiso de desarrollar a largo plazo un plan casi de refundación nacional. Este consiste, de nuevo, en una reforma de la tenencia de la tierra, que supondría la recuperación de varios millones de hectáreas mal habidas —y no solo por la guerrilla— a beneficio de cientos de miles de nuevos propietarios, que hoy figuran entre despojados y desplazados; la delimitación lo más neta posible de quiénes deban pagar por los desmanes de las FARC, lo que conllevaría inevitables lagunas de impunidad y constituiría el flanco débil de la política del presidente Santos; y, por último, hacer posible la actuación política en la legalidad de aquellos insurrectos que se cuelen por la ventana de la impunidad.

El primer caso habría implicado acometer una extensa reforma social y política, rechazando la tácita coartada que ha supuesto la existencia de la guerrilla para excusar los males que aquejan el país. Noemí Sanín me dijo cuando era embajadora en Madrid que esa habría sido su política, de haber llegado a la presidencia. Y en el segundo, levantar la hipoteca de la guerra, aun a costa de ceder parte del crédito de la reforma a las FARC, para dedicarse, por fin, a la construcción de una nueva Colombia.

Hoy parece asequible, aunque no indiscutible, la firma de una paz de las armas por una serie de razones de ámbito internacional, como el desprestigio urbi et orbi de los sublevados y el apoyo que la izquierda radical latinoamericana, chavismo y castrismo, prestan al proceso. Pero las grandes razones son de orden interno. Y la semana pasada dos actores de primer plano las expusieron en la Fundación Alternativas de Madrid. Un sargento, 11 años en poder de las FARC, y un exguerrillero, que había militado en la insurrección de los 13 a los 30 años, y se había pasado hacía unos meses. Y dado que Bogotá los pasea con gastos pagados por el mundo, seguro que ambos están elegidos para que digan lo que tienen que decir, pero no por ello dejaban de resultar supremamente convincentes. El desmovilizado, originario del Chocó, contó que se sumó a las FARC como quien elige un empleo vitalicio y garantiza protección y auxilio económico a su familia. A ello añadía que la virtual totalidad de los reclutas que había conocido estaban en su caso, y que el derrumbe de la moral guerrillera comenzó en la última época del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) para acelerarse con Álvaro Uribe (2002-2010). En vez de ideología, necesidad y miedo, mucho miedo, de tomar parte en acciones de guerra, en las que, aseguraba, disparaba mucho más para que la fuerza pública no le matara que tratando de matar a nadie. De los 18 hombres que mandaba —porque era una especie de capitán— siete se “habían volado”, y, hablando un día con los restantes, comprobó que todos querían cambiar de vida.

Es una guerrilla en la que “ya nadie quiere ser mando”, y que reclama la jubilación, pero haciéndose pagar con impunidad y, al menos, con una parte de los recursos allegados por el narco. Una fuerza aún no derrotada, pero que, si persiste en el combate, tiene el tiempo en su contra. Por eso puede que haya firma; que esa firma será un todo acto de fe en el plan maestro; y que Juan Manuel Santos se presentará a un segundo mandato (2014-2018) para embarcarse en la construcción de una auténtica paz.