La Marka Julián Apaza, ubicada en el Distrito 13 de la ciudad de El Alto, constituyó el primer Consejo Indígena Originario para sustanciar procesos públicos y aplicar sanciones en el marco de la justicia comunitaria, entre las que se contempla la castración en caso de violaciones y la amputación de una mano para los delincuentes reincidentes. El Consejo tiene el mismo nivel de un juzgado en la jurisdicción ordinaria.

El dirigente del Consejo de Ayllus y Markas del Kullasuyo (Conamaq), Carmelo Titirico, informó a La Razón Digital que el Consejo, conformado el 6 de noviembre, está integrado por seis miembros de la comunidad y responde a los preceptos establecidos en la ley de Deslinde Jurisdiccional o de justicia indígena originaria campesina.

La Marka Julián Apaza es un conjunto de ayllus organizados en la zona de Villa Ingenio, distrito 13 de El Alto, con fuerte presencia migrante del área rural. El dirigente indígena explicó que está considerada como distrito rural, por lo que está plenamente respalda la vigencia de la justicia comunitaria en su territorio.

La ley de Deslinde Jurisdiccional establece que el “ámbito de vigencia territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino”, en tanto que la Constitución refiere en el  inciso 1 del artículo 191 que “están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandados, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos”.

Aunque la ley excluye de esta jurisdicción el juzgamiento de casos de violación, el Consejo decidió que tratará este delito penal y establecerá como castigo la castración química, mientras que la reincidencia en delitos como robo recibirá como sanción la amputación de una mano. “Vamos a respetar la vida humana, no vamos a torturar ni a linchar, sino vamos a entrar en coordinación con los médicos para la amputación y castración química”, sostuvo.

Cuando los autores sean detenidos o encontrados en la comisión de un delito de manera infraganti, serán procesados y condenados de manera inmediata, mientras que se recurrirá a la Policía  -en el marco de la coordinación establecida en la propia ley de deslinde Jurisdiccional- de ser necesaria una investigación para establecer responsabilidades.

El Código Penal, establece como máxima condena 30 años de cárcel sin derecho a indulto, por ejemplo en el caso de un asesinato. Titirico informó que la comunidad correrá con los gastos económicos que demanden la amputación y la castración.

Según el dirigente, todo aquel que sea encontrado en la comisión de un delito, pertenezca o no a la comunidad, deberá ser procesado bajo la justicia comunitaria, aunque ello no está previsto en la ley. “Los ladrones vienen más de las ciudades, por lo tanto esa persona que sea pescada en el lugar, en el lugar debe ser sancionado”, señaló y añadió que en este objetivo el Consejo trabajará con los operadores de la justicia ordinaria.

La ley de deslinde Jurisdiccional refiere que la justicia indígena originaria campesina respeta, promueve y garantiza el derecho a la vida, y los demás derechos y garantías reconocidas por la Constitución Política del Estado. El dirigente de la Conamaq aseguró que la justicia indígena originaria y campesina respeta el derecho a la vida.

En el caso de violación, detalló que la castración se aplicará de forma inmediata, en tanto que la amputación de una mano tras la tercera vez que una persona sea encontrada en la comisión de un delito; en las dos ocasiones anteriores el antisocial será sometido a trabajos comunarios. Todos estos aspectos, explicó, serán detallados en un reglamento que está en proceso de diseño.

El dirigente anunció que, a partir de esta primera experiencia, en el resto del país serán constituidos los otros Consejos de aplicación de la justicia comunitaria.