El hecho sucedió la noche del domingo. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, coronel Roberto Campos, informó que la víctima tenía quemaduras de primer y segundo grado en el cuerpo y que la causa de la muerte habría sido un golpe en la cabeza. 

De acuerdo con las primeras investigaciones, los tres sospechosos merodeaban en la zona a bordo de un minibús de color blanco que detuvieron en la puerta de una casa en la que, aparentemente, pretendían robar. Entonces, bajó del vehículo la mujer, que luego descubrieron que era un hombre vestido con pollera y manta.

Uno de los vecinos dio la voz de alerta y los dos sospechosos huyeron dejando a la persona que vestía de mujer. Una turba detuvo al sospechoso, descubrió que era un hombre, lo golpeó y quemó. La Policía recuperó el cadáver, identificado como Demetrio A.

El comandante regional de la Policía alteña, coronel Édgar Carrasco, informó el 15 de marzo que las dos últimas semanas fueron las más violentas. “Hubo dos linchamientos y cinco intentos de linchamiento”, dijo entonces.

El jefe de la División Homicidios de El Alto, coronel Osvaldo Fuentes, explicó que el linchamiento es considerado un asesinato, por lo que los autores o instigadores deben ser sometidos a procesos penales. Reconoció que la investigación de estos casos es “compleja y complicada” por el pacto del silencio que existe en las zonas en las que se lincha a sospechosos de cometer delitos.

Quienes recurren a esta acción lo hacen apelando a la justicia comunitaria, sin embargo la Ley de Deslinde Jurisdiccional o justicia comunitaria prohíbe la pena de muerte. “En estricta aplicación de la Constitución Política del Estado, está terminantemente prohibida la pena de muerte bajo proceso penal en la justicia ordinaria por el delito de asesinato a quien la imponga, la consienta o la ejecute”, refiere la norma.

La Policía inició las investigaciones para esclarecer lo sucedido el domingo. Fuentes informó que convocará a declarar a la esposa de Demetrio A.

‘Ejércitos’ campesinos en alerta contra la delincuencia

La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la provincia Omasuyos demanda aplicar la justicia indígena y declaró en estado de movilización permanente “al ejército de ponchos rojos y mantas cafés Bartolina Sisa” para luchar contra la delincuencia e identificar a las “malas autoridades” judiciales.

Hicieron conocer su decisión en un pronunciamiento público, en el que también demandan a jueces y fiscales pronunciarse “si van  a seguir de la mano de los delincuentes o si de la mano con el pueblo”. Destacaron la iniciativa de la fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañíquez, de procesar a los fiscales que no cumplan con enviar a la cárcel a delincuentes reincidentes.

“El pueblo organizado apoya a las autoridades que están con su pueblo buscando justicia como la Fiscalía de La Paz...(se) pedirá cárcel para los jueces y fiscales corruptos que están en contra del pueblo”, refiere el documento aprobado en Achacachi.Aseguran que el pueblo está cansado de “tantas injusticias”.