Silva Ruete le contestó: “Si el Estado no puede siquiera hacer algo tan fácil como hacer cumplir un contrato escrito, cómo quiere usted que gestione directamente empresas de servicios públicos de manera eficiente, que es mucho más difícil”. Y tenía razón. Mi pregunta es si eso es cierto para las empresas públicas por qué no es cierto para el gobierno mismo.

Le apuesto que está harto de los políticos. Y es que los políticos no gestionan nada bien. ¿Qué pasaría si dejamos de lado a los Garcías, los Toledos, los Fujimoris o los Humalas? ¿Por qué no pensar en que nos gobierne una empresa como la Coca-Cola, Microsoft o Sony?

Solemos pensar que el presidente no se puede privatizar. Es un error. El Estado no solo se puede privatizar. Ya está totalmente privatizado. El presidente (como los congresistas y, en general, todos los funcionarios) es un privado. Tiene su familia, sus amigos, sus propiedades y sus propios intereses. Cuando surge el conflicto entre su interés privado y el interés público, suele preferir el primero.

Ello explica la corrupción, el compadrazgo, el tarjetazo, los favores y la ineficiencia del Estado.

La pregunta no es entonces si privatizamos o no. La pregunta es ¿cómo privatizamos?

Las elecciones son un sistema de privatización, solo que bastante imperfecto.

Cuando privatizamos empresas públicas, seguimos un sistema de privatización diferente al electoral. En primer lugar, establecemos una calificación de los postores.

En segundo lugar, negociamos y suscribimos un contrato, con objetivos y metas establecidas y con pagos por el cumplimiento de dichas metas y penalidades por su incumplimiento, algo que los políticos no hacen. ¿Dónde está el contrato de Alan García o de Humala por el que asume las obligaciones que debe cumplir y los objetivos a los que se ha comprometido? Si una empresa concesionaria no cumple una meta (por ejemplo, entregar las obras en un plazo o conseguir un estándar de calidad determinado) simplemente no se le paga o se le resuelve el contrato.

En tercer lugar, solemos rechazar la entrega de concesiones a personas naturales. Preferimos a las empresas porque tienen una estructura legal, contable y económica, que nos asegura un mejor cumplimiento de metas y un control más minucioso. Es más fácil fiscalizar a una persona jurídica y ello hace que todo sea más transparente.

En vez de elegir al presidente votaríamos para elegir a quienes fijarían las “bases de licitación presidencial”, es decir quienes evalúan y determinan en base a qué competirían las empresas postores a gobernar (ofrecer mayor PBI, menor mortalidad infantil, reducir la pobreza, mejorar en la educación, etc.), y velarían por el cumplimiento del contrato. El Estado se reduciría a un órgano como Pro Inversión mezclado con un organismo regulador (un Osigobierno) que vele por que se cumplan los compromisos de la empresa gobernante. Bastaría elegir al directorio de esta entidad que contratará a los técnicos que se encargarán de diseñar y ejecutar las licitaciones. Dirán qué metas se deben cumplir y cuáles son las penalidades y precios a pagarse por el cumplimiento de metas.

Si la empresa gana la “licitación”, su oferta se incorpora en un contrato. No sería como las promesas de los políticos que se las lleva el viento. Si no cumple su obligación, no se le paga o se le resuelve el contrato. Los incentivos para cumplir estarían dados. Se acabarían las falsas promesas electorales. Y, lo mejor de todo, habríamos acabado con los políticos.

Alfredo Bullard es co-director del Instituto Tecnológico Autónomo de México y del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Derecho y Economía. Además, es autor del libro Derecho y economía: El análisis económico de las instituciones legales