Pese al aumento de las exportaciones agrícolas y el crecimiento económico de los últimos años, la proporción de pobladores rurales pobres bajó “solo” de 60% en 1980 a 53% (63 millones de personas) en 2007, antes de la crisis mundial, según un estudio que difundieron esta semana la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La pobreza rural había subido al 65% en 1990 y había comenzado a bajar al 62% en 2002, el año en que comenzaron a subir los precios de las materias primas agrícolas. El porcentaje persiste alto por la precariedad y la informalidad en el mercado de trabajo, según los tres organismos.

La pobreza urbana, en cambio, ha bajado al 29%. En cuanto a la indigencia, es decir, los pobres que ni siquiera acceden a los ingresos mínimos para alimentarse en forma suficiente, el indicador llega al 8% en las ciudades y al 28% (34 millones de seres humanos) en el campo, justo en las zonas donde se cultiva y se crían animales. El porcentaje de indigentes rurales era del 33% en 1980, se elevó al 40% en 1990 y había empezado a bajar al 38% en 2002.  

La pobreza rural alcanza al 75,8% en Bolivia, al 45,7% en Brasil, al 12,3% en Chile, al 50,5% en Colombia, al 19,6% en Costa Rica, al 56,8% en El Salvador, al 66,5% en Guatemala, al 78,8% en Honduras, al 40,1% en México, al 71,5% en Nicaragua, al 46,6% en Panamá, al 68% en Paraguay, al 69,3% en Perú, al 47,3% en República Dominicana y al 12,6% en Uruguay. Argentina, Ecuador y Venezuela carecen de estadísticas actuales en la materia.

Menos de la mitad de los pobres rurales tiene acceso a mercados formales de trabajo y en los peores casos esa cifra desciende hasta solo el 1%, como en Paraguay, o 2%, como en Bolivia y El Salvador. En Nicaragua llega al 3%; en Colombia, al 7%; en Guatemala, al 8%; en México, al 9% y en Perú, al 4%. Los países con mayores índices de trabajadores rurales registrados en la Seguridad Social son Chile (55%), Costa Rica (57%) y Uruguay (51%). Detrás aparecen Argentina (39%) y Panamá (29%), y más atrás, Brasil (12%), Ecuador (17%) y Venezuela (15%).

Muy pocos pobladores rurales llegan a jubilarse: el 4% en El Salvador, el 5% en Bolivia y Ecuador, el 6% en Colombia, Perú y República Dominicana, el 7% en Guatemala y Paraguay y el 8% en Nicaragua y México. En cambio, en Brasil el 92% tiene su pensión. En Chile, el 45%; en Costa Rica, el 24% y en Panamá, el 18%, cifras que solo pueden considerarse moderadas en un contexto regional.

“El sector agrícola de América Latina y el Caribe mostró, en la primera mitad de la década de 2000, un dinámico ritmo de crecimiento económico. Era esperable que ello tuviera un efecto en la reducción de la pobreza rural. Sin embargo, ello no ocurrió así”, lamentan la FAO, la OIT y la CEPAL, que también señalan la falta de debate académico y político sobre la situación de los trabajadores del campo. Las tres agencias concluyen que el funcionamiento actual del mercado de trabajo no está distribuyendo los beneficios del crecimiento económico entre las personas que habitan y trabajan en el campo. A ello contribuyen debilidades de las instituciones del mundo laboral, tales como la ausencia o el incumplimiento del salario mínimo, la escasa protección social, la baja sindicalización y las formas precarias de contratación de la mano de obra, como la intermediación (tercerización) y la subcontratación. Además persisten problemas estructurales como el trabajo infantil casi generalizado y la discriminación hacia las mujeres. "Las mujeres representan el 20% de la fuerza laboral agrícola en América Latina y el Caribe y desempeñan una función clave en la seguridad alimentaria, pero no tienen igualdad de acceso a los recursos y sufren discriminación en el mercado de trabajo, tanto en términos de sus salarios como en las condiciones de trabajo", advirtió el representante regional de la FAO, Raúl Benítez.

Los tres organismos recomiendan que los países latinoamericanos adopten medidas orientadas al cumplimiento de los salarios mínimos, la formalización del empleo, la ampliación de capacidades para los trabajadores rurales, el fomento de las instancias de diálogo, la información sobre los derechos de los empleados, la erradicación del trabajo infantil, la promoción del empleo femenino y la certificación de buenas prácticas laborales.

Otra investigación de la FAO, en colaboración con la CEPAL, se tituló en 2009 Boom agrícola y persistencia de la pobreza rural y mostró "evidencia de que ello ha ocurrido porque el crecimiento de la agricultura se ha concentrado en algunos pocos productos, se ha restringido a algunas regiones y se ha concentrado en un número reducido de grandes empresas”. La FAO y CEPAL afirman que en general los mercados agrícolas latinoamericanos tienen fuerte tendencia a la concentración y la transnacionalización. Se han constituido cadenas globales de valor cuyos procesos de transformación y distribución se caracterizan por barreras de entrada cada vez mayores para los pequeños y medianos agricultores, según ambas agencias. En este negocio prevalecen las multinacionales de la comercialización o las semillas como Cargill, ADM, Monsanto, Bunge y Syngenta, entre otras citadas por los organismos.

Los mejoramientos en materia de ingresos, que efectivamente ocurrieron en la región y que causaron una disminución en los índices de pobreza rural hasta la crisis mundial 2008/2009, no provienen ni del mercado laboral ni del de productos, sino, como lo señalan la CEPAL y la OIT, de un aumento en el número de ocupados por hogar y de las subvenciones que diversos gobiernos de la región han implementado en los últimos años. De hecho, los ingresos laborales se estancaron o, incluso, disminuyeron, con la excepción de algunos países, según ambas agencias.