Argentina se encamina hacia una semana clave para una eventual suspensión de pagos. El juez de Nueva York Thomas Griesa rechazó el pasado martes la petición del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de congelar la ejecución de la sentencia en su contra para abrir un periodo de negociación con los fondos buitres y demás acreedores que rechazaron la reestructuración de su deuda de 2005 y 2010. De este modo, sigue vigente el fallo de Griesa que establece que el próximo miércoles Argentina no podrá pagar el vencimiento de intereses de uno de los títulos reestructurados, el llamado Discount (descuento), si primero no les abona a los litigantes 1.500 millones de dólares que reclaman por bonos impagos desde la debacle del país sudamericano en 2001. El escenario se presenta con varias alternativas laberínticas.

Argentina se niega a abonarles a los buitres porque considera que una decisión así la empujaría a una suspensión de pagos. No es que carezca de los 1.500 millones reclamados, sino que el impedimento radica en una cláusula de la deuda reestructurada en 2005 y 2010, que establece que si Buenos Aires ofrece una mejor propuesta a quienes rechazaron aquellos canjes, también debe dársela a los que los aceptaron. Es así que a los 1.500 millones demandados por los acreedores del 1% de la deuda impaga en 2001 se sumarían 13.500 millones del otro 6% que reprobó los canjes de 2005 y 2010 y, además, 120.000 millones del 93% que aprobó aquellos trueques que implicaban una fuerte quita. Es decir, podría quedar invalidada toda la reestructuración que había reducido a un cuarto el capital del pasivo argentino con los acreedores privados. Argentina sostiene que no podría asumir semejante deuda.

Tanto el Gobierno de Fernández como diversos juristas señala que si Buenos Aires cumple con el fallo de Griesa, algunos acreedores de deuda reestructurada podrían demandar en la justicia la aplicación de aquella cláusula. En cambio, ciertos economistas consideran que ésta solo se activaría en caso de pago voluntario, y no ante el cumplimiento de una sentencia. La norma, a su vez, vence a finales de año. Por eso, el Ejecutivo argentino pretendía que el juez congelara la sentencia hasta 2015, es decir, hasta que Buenos Aires ya pudiese abonar a la minoría litigante sin tener que mejorar la paga a la mayoría que aceptó el canje.

Otra opción es que Argentina pida al juez de Nueva York hacer un depósito en garantía del dinero demandado hasta que llegue el final de año y pueda negociar con los buitres sin el riesgo de la cláusula en cuestión. Esta es la propuesta de economistas vinculados a uno de los candidatos presidenciales de la oposición para 2015, Sergio Massa, pero algunos banqueros consideran que una acción así podría activar también la cláusula.

Una tercera alternativa radica en que Argentina no pague el próximo miércoles a los buitres y, por tanto, tampoco pueda hacerlo a los acreedores del título reestructurado Discount. En ese caso, el Gobierno de Fernández argumentará que ya depositó el dinero que debía por este bono y que la responsabilidad de una suspensión de pagos sería del juez y de los bancos que ejercen como agentes fiduciarios, The Bank of New York Mellon y JP Morgan.

Si Argentina no puede pagar el Discount el próximo miércoles, se abren a su vez dos alternativas. Una es que convenza a los acreedores de la deuda reestructurada de que seguirá depositando los otros tres vencimientos que restan en 2014 y que podrán cobrarlos en 2015, una vez que arregle su batalla judicial con los buitres. Otra variante es que los inversores que aceptaron los canjes inicien demandas contra el país sudamericano y que fuercen la suspensión de pagos no solo del título Discount sino de toda la deuda reestructurada, que totaliza unos 40.000 millones. Sucede que los bonos de los canjes de 2005 y 2010 contienen otra cláusula por la que si Argentina deja de abonar uno de ellos, en los 30 días siguientes se pueden juntar los tenedores del 25% de cualquiera de esos títulos y pedir la suspensión de pagos de todo el conjunto. Una situación semejante también echaría por tierra la reestructuración de la deuda, pero tampoco le convendría a los buitres ya que a sus reclamaciones judiciales se sumarían las de muchos otros y su espera para cobrar se prolongaría aún más. Por eso, tal vez los litigantes sean los que a último momento pidan que se postergue la ejecución de la sentencia, tal como reclama Argentina.

Diversos economistas consultados consideran que es temprano para determinar las consecuencias de una suspensión de pagos porque aún resta una semana de definiciones. En caso de que se produzca, el exministro de Economía Jorge Remes Lenicov opina que traerá alguna tensión cambiaria, después de la devaluación del peso de enero pasado, “puede profundizarse” la actual recesión que sufre Argentina, “pero no sería catastrófico porque a principios de 2015 pueden restablecerse las negociaciones” con los acreedores. La consultora Marina Dal Poggeto considera que una suspensión de pagos dificultaría una recuperación económica en 2014, pero aclara que no es lo mismo si el impago afecta solo a un bono que a toda la deuda. Por último, Guillermo Wierzba, economista que dirige un centro de la banca pública de Argentina, también descarta catástrofes, admite volatilidad en los mercados, pero destaca que su país quiere pagar la deuda reestructurada y cuenta con el apoyo de países como China, que acaba de anunciar una operación financiera para fortalecer las reservas del Banco Central argentino.