La presidenta Dilma Rousseff ha entrado en el infierno de las huelgas, que se han multiplicado desde que hace ya más de dos meses comenzó la de los profesores de las universidades federales de Brasil. La huelga alcanza ya a 30 organismos federales y según los sindicatos tiene a 350.000 empleados públicos federales de brazos cruzados, lo que ha afectado a carreteras, puertos y aeropuertos de todo el país.

Los funcionarios federales en huelga mantienen un pulso con la mandataria, que no cede a su reivindicación de un aumento salarial de hasta un 50%. El pasado martes se manifestaron frente al Palacio Presidencial, en Brasilia, y se enfrentaron con la policía, que los dispersó con gases lacrimógenos. Al menos el 70% de los 9.000 agentes de la Policía Federal se ha adherido a la huelga, según los portavoces del sindicato policial.

El viernes, Rousseff se vio hostigada en su visita a la ciudad de Rio Pardo de Minas, a la que había viajado a presentar un programa que ofrece servicios odontológicos gratis para los más pobres por medio de la seguridad social.

La mandataria, que recibió silbidos y fue rodeada con carteles de protesta, no se encogió y advirtió de que la crisis internacional, que también está afectando a Brasil, no permite ahora los aumentos de sueldos exigidos por los sindicatos de los funcionarios federales.

“No queremos eso. Queremos que todos los brasileños tengan trabajo, ganando su salario y recibiendo servicios públicos de calidad”, dijo Rousseff, y advirtió que ella va a favorecer el empleo de los trabajadores “con mayor inestabilidad”, que se encuentran, subrayó, en “la empresa privada”. Dio así a entender que los funcionarios públicos federales gozan ya del privilegio de la estabilidad en su trabajo, algo que millones de trabajadores del sector privado no tienen.

Las huelgas empiezan a preocupar a Rousseff, porque han empezado a paralizar tanto las exportaciones como las importaciones con miles de millones de pérdida.

Según informaciones recogidas por este diario en ambientes cercanos a la presidenta, está disgustada y perpleja con la actitud del Central Única de los Trabajadores (CUT), sindicato bajo el control de su formación política, el Partido de los Trabajadores, que es principal convocante, junto con dos pequeños partidos opositores de izquierdas, de la huelga a la que se han sumado 350.000 funcionarios.

Rousseff esperaba una mayor comprensión del sindicato de su partido, que, según la presidenta, sabe mejor que nadie que “no se puede jugar con la crisis global que afecta hoy a la economía mundial” y que ya está afectando al pujante Brasil

Diversos analistas se preguntan qué puede haber detrás de esas huelgas de los empleados mejor retribuidos y con trabajo seguro y si no existirá la presión de algunos sectores, que intentan crear problemas a Rousseff justo a los dos años de haber ganado las elecciones.

No se excluye que algunos de esos movimientos puedan estar incitados por políticos que no han visto con buenos ojos la postura firme de la mandataria con los que se han ensuciado con escándalos de corrupción.

Sin duda, Rousseff no tiene con los sindicatos la misma fuerza de convicción que tenía su antecesor, el expresidente Lula da Silva, que se había forjado en la lucha sindical. Al llegar al Gobierno, Lula se llevó con él a los líderes sindicales, a los que colocó en los ministerios y en las grandes empresas estatales, lo que llevó al mismo tiempo a un aumento de los sueldos de los funcionarios públicos de algunas categorías.

Fue Lula quien impuso que cada trabajador tuviera que aportar al sindicato un día de trabajo cada año. Los sindicatos pueden hoy disponer de ese capital sin rendir cuentas a nadie.

Quizás Rousseff se refiera también a esos privilegios que los sindicatos recibieron de su antecesor cuando se queja de su falta de agradecimiento y de comprensión.