La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, afronta una rebelión en el Congreso que amenaza con paralizar una de las mayores economías emergentes del mundo. La reciente salida de la coalición de Gobierno del Partido de la República (PR) con 48 diputados y seis senadores -aliado del Partido de los Trabajadores de Lula y Rousseff desde 2003- es un claro síntoma de las dificultades que la presidenta tiene para mantener firme el timón del gigante sudamericano. Y es que la mandataria, de firme carácter, se ha embarcado en una lucha contra la corrupción que ya le ha costado roces dentro del PT, el divorcio con el PR y unas pésimas relaciones con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el grupo político más poderoso del país y sin el cual la gobernabilidad del PT es imposible.

En solo siete meses de mandato, Rousseff ha forzado la dimisión de tres ministros importantes: el jefe de Gabinete, Defensa y Transportes. Los dos primeros eran hombres de Lula y el último era del PR. Aunque el de Defensa, Nelson Jobim, no dimitió acusado de corrupción, su partida y el nombramiento de un sucesor mal visto por los militares acabó por abrir otro frente crítico para la presidenta. Ahora Rousseff tiene a otros dos ministros en la mira, el de Agricultura y el de Turismo, ambos del PMDB.

La situación ha puesto en pie de guerra a los congresistas del partido de Gobierno y de los aliados. Es decir, que Rousseff tiene el enemigo en casa. El líder del PMDB en el Congreso, Henrique Eduardo Alves, ha declarado que el calendario legislativo estará bloqueado hasta que el Congreso reciba "el respeto que se merece". "La falta de claridad, de franqueza y de respeto hacia el Parlamento está causando una gran insatisfacción", añadió Alves a la prensa.

El parón legislativo impedirá la reforma del complejísimo sistema fiscal brasileño, la regulación de las regalías para las explotaciones petroleras y el nuevo marco legal para el sector minero, entre otras medidas, todas fundamentales para mantener el ritmo de crecimiento.

La crisis es tal que se han alzado voces que ponen en duda que Dilma Rousseff pueda acabar su mandato de cuatro años. Sin embargo, los votantes acaban de darle a la presidenta una aprobación de más del 70%, igual o mayor que la que tenía el carismático Lula también a los primeros siete meses en el poder. Paradójicamente, los dos mayores reproches que le hacen sus aliados se convierten en virtudes para la opinión pública, incluso para quienes reconocen no haberla votado. El primero es que es excesivamente dura y exigente con los ministros, congresistas y asesores, a quienes les corrige en público, sin contemplaciones. El segundo, que está siendo demasiado severa con las acusaciones de presunta corrupción dentro de su Gobierno sin esperar a que actúe la justicia. Se le reprocha también que le falta tacto para tratar con los partidos aliados, acusados precisamente por la gente de la calle de "fisiológicos" porque no los consideran aliados de un "proyecto de Estado" ni de un "programa de Gobierno", sino más bien partidos de alquiler que ofrecen su apoyo a cambio de puestos dentro del Estado. De ahí los altos índices de corrupción.

El mismo Lula se ha mostrado más de una vez preocupado con la insatisfacción de los partidos aliados, que antaño también fueron los suyos. El expresidente le ha aconsejado a Rousseff que dialogue más con ellos. Y es que el dilema de la primera mujer presidenta de Brasil no es fácil. La impresión que transmite a los analistas políticos es que le gustaría dar una sacudida a la vieja política de alianzas de conveniencia para dar paso a un estilo de gobernar más gerencial, más de técnicos y con mayor rigor ético y moral en la gestión del dinero público. La pregunta es si ella -a quien no le faltó coraje para enfrentarse a los militares durante la dictadura- será hoy capaz de lidiar con los viejos hábitos de una política que ha sido una realidad durante tantos años y que hoy es denostada por la opinión pública.