El Tribunal Supremo de Brasil ha tardado más de medio siglo en fallar una causa sobre la legalidad de la entrega, en 1959, de 40.000 kilómetros cuadrados de tierras del Estado a grandes empresas privadas en el Estado de Mato Grosso do Sul (suroeste del país) sin el aval del Senado.

Los ocho magistrados del Supremo que emitieron la sentencia, abierta desde hace 52 años, emitieron un veredicto digno de Kafka. Los ocho admitieron que la entrega de aquellos 40.000 kilómetros cuadrados de tierra del Estado a seis empresas, había sido ilegal ya que la Constitución brasileña de 1946, exigía que para donaciones de más de diez mil hectáreas de tierras públicas a privados sólo podían ser concedidas con el permiso del Senado. El detalle está en que, pese al veredicto unánime, solamente tres se mostraron a favor de que fueran devueltas al Estado. Los otros cinco argumentaron que “ya no es posible volver atrás”.

Los tres magistrados que se opusieron alegaron que la sentencia puede abrir un camino peligroso para legitimar otros casos similares, donde inmensos terrenos públicos han terminado en manos de grandes empresas, como ocurre en la cuenca del Amazonas. “Hechos consumados contra la Constitución no deben de ser admitidos aunque la acción haya ocurrido hace 52 años” afirmó el juez Marco Aurelio Mello, uno de los tres que votaron contra la amnistía.

Los cinco que votaron a favor motivaron su voto bajo el alegato de que es imposible determinar hoy la extensión exacta de las tierras concedidas ilegalmente a los terratenientes. En estos 52 años, se han construido ahí pueblos enteros, hospitales, escuelas, carreteras. Es más, entonces ni siquiera existía el Estado de Mato Grosso do Sul como tal (fue separado del Estado de Mato Grosso en 1977).

“La vida humana definió y echó raíces definitivas allí”, afirmó el relator de la sentencia Antonio Cezar Peluso. “No se puede emitir un fallo basado en divagaciones, es preciso que los hechos sean tangibles”, añadió.

La opinión pública se pregunta por qué el Tribunal Supremo brasileño ha esperado 52 años para emitir su fallo y, así, que la situación fuera “irreversible”. La mayoría de los jueces que han votado hoy la sentencia eran niños cuando comenzó el pleito.

Cuando el pleito comenzó, el Tribunal Supremo estaba todavía en Rio de Janeiro, entonces capital de Brasil. Fue transferido en 1960 a Brasilia. Los documentos consultados se reúnen en 12 volúmenes, con un total de 2.449 páginas. Las primeras, que dan fe del expolio, están amarillentas, gastadas por el tiempo. Otras quedaron arrinconadas en sacos de plástico para que no acabaran perdiéndose.

A través del tiempo, el proceso pasó por las manos de ocho relatores. Desde septiembre de 1993 hasta junio de 2003 estuvo en manos de un solo relator. A partir de entonces, quedó en posesión de Antonio Cezar Peluso, que finalmente concluyó el proceso nueve años después.