Eso es lo que ocurre hoy en Túnez. El principal problema institucional afecta a la naturaleza del régimen político que se adoptará. No hay consenso sobre este punto. Las elecciones para la Constituyente, que tenían que celebrarse el 24 de julio, se han retrasado por esta razón. En la pugna que se ha iniciado entre el poder de la revolución representado por la Alta instancia, presidida por Yad Ben Achur y los principales partidos de la oposición, incluidos los islamistas, frente al Gobierno compuesto por miembros del antiguo régimen y por viejos militantes del partido del Neo-Destur de la época de Burguiba, es la legitimidad revolucionaria la que ha ganado: las elecciones han sido aplazadas hasta el 23 de octubre de 2011.

El argumento de los partidarios de elecciones inmediatas era que había que poner rápidamente término a la ausencia de legitimidad institucional del poder y al caos económico; el argumento de los representantes de la sociedad civil es que un país que nunca ha conocido la democracia no puede adoptar un modelo institucional a la carrera: al contrario, hay que iniciar un debate en la sociedad para elegir unas instituciones sólidas que sean realmente garantes de la irreversibilidad del proceso democrático. El Estado de derecho no debe construirse de espaldas a los ciudadanos. Ha prevalecido esta solución.

Más allá de esta divergencia hay dos puntos conflictivos que mortifican al campo político: la cuestión social y la secularidad del Estado. Esas dos cuestiones están relacionadas. La primera no puede ser resuelta sin la puesta en marcha de una gran política de desarrollo en la que el Estado debería tener un papel estratégico. Pero los círculos de negocios que han apoyado a la dictadura querrían hoy una rápida reactivación de la actividad económica sin dar garantías sobre los derechos sociales de los asalariados. Defienden un liberalismo duro, mientras que la revolución es el resultado de los desastres económicos y sociales provocados por las privatizaciones de la era Ben Ali y la corrupción que constituía el corazón del régimen. No quieren un Estado social, que les impondría una parte de los sacrificios que todo el mundo está dispuesto a hacer. La cuestión social divide, pues, cada vez más. Y los partidos salidos de la revolución cabalgan sobre ella en la competición política por las elecciones.

El sindicato UGTT tiene el papel de un casi-partido; es un elemento clave de la lucha por un Estado social. Se redime así de su connivencia pasada con la dictadura. Pero nada indica que logrará conservar su hegemonía sobre los asalariados. Puesto que la economía tunecina está constituida en aproximadamente un 50% por el sector informal, los desempleados no sindicados son unos centenares de familias. La radicalidad religiosa está aquí al acecho. Los islamistas, que no han tenido papel alguno en la revolución, rivalizan en demagogia social para ganar legitimidad. Pueden seducir con sus propuestas extremas a una parte de la población, desorientada por la ausencia de cambio de su situación.

Segunda cuestión de fondo: la secularidad y las libertades individuales. Está en curso una batalla muy dura. Nadia el Fani, cineasta valiente, ha hecho una película significativamente titulada: Ni Alá ni amo. Ha proclamado en la televisión su ateísmo pidiendo respeto para quienes piensan como ella. Los fanáticos islamistas la han vilipendiado: ataques contra el cine que proyecta la película, amenazas de muerte contra la cineasta, actitud más que reservada del Gobierno en el apoyo a la libertad de conciencia. Por otro lado, los islamistas moderados del partido En Nahda acaban de abandonar la Alta instancia de la revolución, preparándose probablemente para pactar con los partidarios del antiguo régimen aún en el poder; a menos que se crean lo suficientemente fuertes como para separarse, ya, de una revolución secular que no es la suya. El mensaje es en todo caso claro para todos: el segundo acto de la revolución ha empezado. La batalla futura se convertirá inevitablemente en un enfrentamiento ideológico con los islamistas, que pretenden respetar la libertad de expresión, pero rechazan la secularidad del Estado. La revolución tunecina está lejos de haber acabado.