El acuerdo, según AI, podría incluir una "inmunidad general" para el mandatario y para sus colaboradores que "impediría la persecución judicial" contra los altos dirigentes del régimen responsables "de la muerte de más de 120 manifestantes y de otras violaciones cometidas durante las recientes protestas y en los años anteriores".

"El presidente Alí Abdulá Salé no debe eludir su responsabilidad respecto al amplio historial de crímenes contra los Derechos Humanos cometidos bajo su régimen", declaró el director para Oriente Próximo y Norte de África de Amnistía Internacional, Malcolm Smart.

"El presidente Salé y los que le rodean deben rendir cuentas por las detenciones arbitrarias, las torturas y las ejecuciones extrajudiciales cometidas delante de sus ojos, si es que el Estado de derecho significa algo en Yemen", añadió.

"Los esfuerzos del CCG para poner fin al callejón sin salida y a los actuales problemas en Yemen son positivos, pero no se debe permitir que sea el presidente Salé quien imponga su propio precio como condición para aceptar su dimisión", advirtió.

"Si se le concede la inmunidad judicial, se cometería un grave acto de traición contra las numerosas víctimas de violaciones de Derechos Humanos cometidas bajo su Gobierno, que siguen exigiendo justicia y reparación", aseveró.