El gobierno de facto ha convocado ha elecciones este domingo. Sin importar la situación nacional, sin responder con cuentas claras sobre las violaciones a derechos humanos durante los últimos cinco meses. El presidente de facto, Roberto Michelleti, con el apoyo de Estados Unidos, considera estéril el debate sobre la situación actual y ve como única salida elecciones. Amén de que elementos esenciales, como la libertad de opinión y expresión, estén ausentes en el país.

El preámbulo de las elecciones no es el óptimo; por el contrario, podría ser la antesala de hechos violentos. A pesar de analizarse un deterioro general, me gustaría concentrarme sobre la actual situación de la libertad de expresión en el país, ya que este derecho es fundamental para un ejercicio democrático, como realizar una votación. Existe evidencia empírica para afirmar que no existen las condiciones necesarias para realizar las votaciones de acuerdo a los estándares internacionales. Parecería ser que lejos de ofrecer una vía de reconciliación nacional, existe la posibilidad de que los comicios profundicen y consoliden la polarización de la sociedad, alejando toda posibilidad de reconstrucción del sistema político. La ausencia de un debate público pluralista; el acoso generalizado y sistemático en contra de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos; así como las numerosas y fundadas acusaciones de violaciones a los derechos humanos durante los últimos meses son prueba irrefutable de ello.

Hoy los medios no sólo reflejan la polarización que impera en la sociedad, sino que se han convertido en sus principales promotores. Escasea la información objetiva y confiable. En los últimos cinco meses, pareciera que los medios hondureños, dependiendo del apoyo que decidieron dar al golpe de Estado, retratan realidades totalmente distintas difundiendo información parcial, imponiendo incertidumbre y desinformación. La sociedad está pagando este fenómeno. Quienes ejercen la libertad de prensa en Honduras están siendo blanco de amenazas constantes y ataques provenientes de grupos radicales a favor de Zelaya y del gobierno de facto. Sin embargo, este último ha promovido el silenciamiento de voces disidentes con recursos y aparato del Estado.

Cabe recordar que en los días inmediatos a la destitución de Zelaya, el Ejército ocupó las instalaciones de varios medios que se opusieron a los hechos, otros fueron cerrados. Sumado a ello, mediante la promulgación de una serie de decretos se han impuesto restricciones injustificadas a la libre expresión para obstaculizar el debate público y manipular la opinión pública.

En estos momentos existe una clara política de censura y persecución de las voces disidentes. Como un elemento adicional, el pasado 25 de noviembre explotó otro artefacto en las instalaciones de un medio de comunicación. En esta ocasión el blanco fueron las oficinas del Canal 10, identificado con el régimen golpista. Otros medios han sufrido también atentados; tal es el caso del periódico El Heraldo, Radio América, HNR La Voz de Honduras y Canal 11, al igual que la interferencia a la señal del Canal 36 durante la última semana. Así como el acoso y las amenazas de muerte contra el editor del periódico independiente El Libertador, quien confirmó el reciente secuestro y la tortura de uno de sus colaboradores.

Es evidente que un contexto como el descrito es prácticamente imposible informar a la sociedad hondureña sobre las propuestas de candidatos y candidatas. Las elecciones libres y transparentes sólo son posibles cuando el electorado se encuentra debidamente informado y tiene acceso a información pluralista y suficiente. Esto no es el caso de Honduras.

Hoy se juegan más que elecciones. Los países de la región, Estados Unidos y la Unión Europea tomarán una decisión importante referente al delicado futuro de Honduras y darán un mensaje al mundo. Las voces importantes para frenar dicha simulación han estado ausentes y han dejado avanzar la idea hasta ahora. Estamos en el preámbulo de algo, la pregunta es ¿de qué?.

**Director de Artículo 19 para México y Centroamérica