Nuestra economía, en los pasados 70 años, ha crecido menos que la de cualquier país sub-sahariano. Pero tenemos muchas razones para explicar esto. Salvo cuando tenemos que explicarle a un hijo, en la escalera del avión al emigrar.

Hoy nos encontramos que la década de los 90’s, ha sido la “década perdida” (habrá sido el siglo XX el que se perdió?). Y en el 2010, seguramente, esta lo será. Pero vayamos al 2004. El seguramente bien intencionado ministro de Infraestructura De Vido, ha propuesto la creación de una empresa nacional de energía, para poder así asegurar que el mercado no obtenga una renta exagerada y dicho sea de paso, realizar aquellas actividades que los privados no acometen, por ser extremadamente riesgosas o no rentables. Entonces, volvemos a estatizar actividades.

Dicho así, hasta parece que no hay mejor proyecto que el del ministro. Ahora analicemos un poco, de que se trata:

Desde el punto de visto político, este gobierno vuelve a levantar argumentos que no resisten la menor de las brisas. Las inversiones necesarias para explorar y explotar los yacimientos, no sólo se miden en millones de dólares, sino que los riesgos, aún con la tecnología actual, son altísimos. Por lo que las utilidades, no se miden desde el punto de vista de los costos de perforación y explotación de un pozo, sino que hay que sumar todos aquellos que aún cuando fueron perforados, no resultaron exitosos. Este concepto no es menor a la hora de desarrollar una empresa de energía que focalizará su actividad en el gas y el petróleo.

Respecto de las tareas que los privados no realizan, atento su excesivo riesgo o su nula utilidad, debemos dejar en claro, que todos los costos derivados de estas actividades, no serán solventados por el Sr. de Vido, ni por accionistas privados, sino por todos nosotros. Ahora, dudo que si ocurriera que el resultado de la gestión fuera positivo, será política de estado el bajar la carga impositiva. Tiendo a pensar que muy probablemente, usarán esos fondos para hacer política. Perdón, quiero decir políticas activas.

Hasta aquí, el desacuerdo es conceptual, aunque para nada menor. Pero como vivimos en un país, donde la mayoría hegemónica se siente dueña, entonces asumamos que este hijo de De Vido saldrá. Veamos como:

Las actividades que se prevén para esta nueva compañía (ya podemos llamarla por su nombre: ENARSA), será la suma de la integración vertical total. En otras palabras, “ por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, el estudio, exploración y explotación de los Yacimientos de Hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos, el transporte, el almacenaje, la distribución, la comercialización e industrialización de estos productos y sus derivados directos e indirectos, así como de la prestación del. servicio público de transporte y distribución de gas natural, a cuyo efecto podrá elaborarlos, procesarlos, refinarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos, o exportarlos y realizar cualquier otra operación complementaria de su actividad industrial y comercial o que resulte necesaria para facilitar la consecución de su objeto... ” (sic) y “ por sí, por intermedio de terceros 0 asociada a terceros, generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica. La Sociedad podrá realizar actividades de comercio vinculadas con bienes energéticos y desarrollar cualquiera de las actividades previstas en su objeto, tanto en el país como en el extranjero... ”(sic). A efectos de simplificar, diré que esto va en contra de los marcos regulatorios que el propio Honorable Congreso de la Nación definió para la energía eléctrica (ley 24.065) y para el gas (ley 24.076). En estos marcos, se segmentaban las actividades en tres (producción, transporte y distribución) y se prohibían de manera explicita la posibilidad de participar en más de uno de ellos. Como vemos, lo que es bueno para los privados, no lo es para el estado.

Enarsa se crea bajo el régimen del capítulo II, sección V de la ley de sociedades (19.550), aunque se ha intentado explicar que será una empresa del estado. Pues esto es una atroz mentira. Bajo la sección V, Enarsa es una empresa privada y ninguna de los controles o regulaciones de una empresas estatal, le alcanzan. Veamos esto en torno a las posibilidades de contratar, comprar o asociarse, sin ningún proceso administrativo que permita el control desde los órganos del estado. Esto nos lleva a que Enarsa, no estará obligada a respetar la Ley sobre Contrataciones, ni la Ley de Contabilidad de Empresas Públicas ni siquiera la Ley de Administración Pública. O sea, ni la SIGEN ni la Auditoria General de la Nación, podrán poner la lupa sobre los actos que en nombre de Enarsa, sus funcionarios realicen.

Considerando al punto anterior, ya pareciera que no es necesario argumentar más, para intentar modificar al menos, el encuadre legal. Pero hay más. El Sr. De Vido, nos dice que “el capital inicial será mínimo”, atento que sólo contará con 25 funcionarios. Si esto fuera cierto (y porque no creerle al ministro, salvo que no queramos creerle nada), entonces estamos ante el contratista más formidable en el territorio nacional. Sólo por un momento, imaginemos lo que podría un contratista como Enarsa hacer, disponiendo de los recursos que el estado le brindará, la independencia de gestión, por ser empresa privada y eso sumado que tendrá oportunidad de participar en todo el proceso productivo y comercial, a total discrecionalidad de los funcionarios nombrados quienes dependerían del Poder Ejecutivo. Si a alguien sin pasado setentista, se le ocurriera este engendro, dirían que se esta construyendo una “caja” para la corrupción tan grande, que hasta Yaciretá, parecerá un juego de niños. Pero nosotros no vamos a pensar así (o si?)

Si bien podría enumerar una docena de puntos más, marcaré lo que considero la frutilla. En el articulo segundo del proyecto de ley aprobado en el Senado, dice: “ tendrá la titularidad de los permisos de exploración y de las concesiones de explotación sobre la totalidad de las áreas marítimas nacionales que no se encuentren sujetas a tales permisos o concesiones, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley...” Pues habría que recordarle a los Sres. Senadores, que desde la reforma constitucional de 1994, en el art. 124, da explícitamente a las provincias (que se supone ellos representan), “el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio...” (sic). Entendiendo que la prolongación de los territorios provinciales sobre la plataforma marítima argentina, son parte del territorio de cada provincia, esta ley, ya no sólo va contra todo el sistema legal administrativo, sino que se enfrenta a la Constitución Nacional.

Debemos reconocer que no es fácil pergeñar una ley que sea tal ilegal como la que se pretende para crear a Enarsa. Ni tan inconstitucional.

El autor es economista, investigador asociado de Fundación Atlas, miembro de la Junta Ejecutiva de la Ciudad de Buenos Aires y Presidente de la Junta de Sección 28 (Saavedra), de Recrear.

Las opiniones y juicios incluidos en el presente, son de exclusiva responsabilidad del autor.