Nadie dudó que normalizar la relación con el Fondo era no sólo razonable, sino necesario. Pero se hizo de la peor forma.

Por un lado, desde el Poder Ejecutivo se decidió vía decreto la cancelación total de la deuda con el Fondo, con reservas del BCRA. En su instrumentación, se morigeró el efecto de avasallamiento de la autonomía del Central a través de una autorización de utilizar dichas reservas desde el Congreso de la Nación. Pero quedó claro que el Central no tenía ningún grado de independencia.

Para disimular esto, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), se crearon las “reservas de libre disponibilidad”, las que se conformarían con las que exceden el 100% de la base monetaria. Ratificado por el Congreso y un decreto simple facultando al Ministerio de Economía y ordenando al BCRA a realizar la cancelación de la deuda (1599/05).

La respuesta del presidente del Central fue “esta medida no afecta contablemente al BCRA”. Y para soportar “contablemente” esta afirmación, el Ministerio de Economía emitió un bono a 10 años al 2% anual, de forma de compensar nominalmente el hurto realizado. 100% colocado en el Ministerio de Economía.

Está claro que 2% anual, que era la tasa que el Central percibía como remuneración de las reservas dista de la tasa actual, por lo que ya podemos cuantificar el quebranto que ha significado tener “papel pintado” en lugar de “verdes” físicos. Sin contar con los riesgos de un default que dejaría a la entidad monetaria nacional con USD 9.810 millones menos. Default que hasta ahora no ocurrió. Hasta ahora.

El presidente de entonces, al igual que hoy, era Martín Pérez Redrado. En aquel momento estaba recién asumido. Ahora, en pleno seminario organizado por el propio BCRA con autoridades monetarias mundiales como participantes, el propio Redrado queda en off-side. Y la credibilidad (mucha o poca) respecto de la independencia del Banco Central, también.