El Informe sobre Desarrollo Humano México 2011, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) , plantea que sólo 21 de las 32 entidades del país cumplen con la obligación de publicar los acuerdos de distribución de fondos.

Indica que mientras a nivel federal la pluralidad política ha permitido que los controles existentes en la Constitución se pongan abiertamente en juego, en el ámbito local aún no se llega a ese nivel.

Consecuencia de ello es que el acceso a la información sobre el uso de recursos federales es menor en los estados. 'El mayor déficit de información presupuestal se observa entre las autoridades locales'.

De hecho, a pesar de que la Ley de Coordinación Fiscal obliga a las entidades a publicar sus acuerdos de distribución de fondos, sólo dos terceras partes de los gobiernos estatales tienen disponible en detalle el monto y las fechas de pagos a municipios.

Por ello en el informe se insiste en la necesidad de mejorar los mecanismos de evaluación externa y refiere como un avance significativo la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2007.

Si bien el acceso a la información sobre el uso y destino del gasto público no crea por sí mismo una ciudadanía más informada y responsable, sí crea las condiciones para orientar la acción pública y alinear las acciones de los funcionarios con el interés público, expone.

En ese sentido, agrega, es importante que los sistemas de medición y evaluación externa se pongan en funcionamiento, pues como el Coneval expone: 'hoy en día no se conocen los resultados de los programas ni de las políticas de desarrollo social en estados y municipios'.

Esto se debe, precisamente, a la falta de evaluaciones externas a pesar de que más de 20 por ciento del gasto programable federal lo ejercen las autoridades locales.

De ahí que el Informe sostiene la importancia de crear dichos mecanismos, de hacerlos funcionar con efectividad y poner a disposición de la población la información, como primer paso para hacerla más responsable y pueda cumplir con su deber de exigir cuentas a los gobiernos.