La auditoría acreditó que entre 2005 y 2006 los burócratas simularon compras directas mediante documentos falsos como solicitudes de compra, vales de abasto de artículos, registros de ingreso al almacén y facturas desconocidas por los supuestos emisores.

Tres de los 14 servidores públicos que participaron en los hechos ocupaban cargos de subdirector de área, técnico y profesional de análisis especializado, quienes fueron sancionados con destitución, inhabilitación por diez años a cada uno para ocupar un cargo público y sanción económica que en su conjunto suma más de 210 mil pesos.

Los otros 11 empleados involucrados podrían recibir sanciones similares, expuso la Secretaría de la Función Pública.

En un segundo caso esta dependencia detectó otra red de corrupción, esta vez conformada por 180 servidores públicos, todos adscritos a la DGEI.

Una ampliación de la revisión descrita detectó que los funcionarios recibieron recursos de manera indebida tras presentar documentación falsa para cobrar prestaciones laborales, con lo que provocaron un daño patrimonial por un millón 259 mil pesos en recursos públicos.

Los involucrados usaron facturas presuntamente apócrifas de proveedores de lentes y aparatos ortopédicos, así como recetas que no fueron expedidas por el ISSSTE, para justificar el pago indebido de dichas prestaciones.

La Función Pública abrió procedimientos de responsabilidades administrativas contra todos los empleados gubernamentales que participaron en los hechos. 

De los 180 involucrados en el segundo caso, 15 fueron sancionados con destitución e inhabilitación por diez años para ocupar un cargo público, además de que se les impuso sanción económica de hasta ocho mil pesos, a cada uno de ellos, en 14 casos; se espera una sanción similar para los otros 166 empleados de la DGEI.

Tanto los 14 servidores públicos involucrados en las compras simuladas como los 180 que cobraron “prestaciones” fueron denunciados penalmente por la SFP ante la Procuraduría General de la República (PGR), quien determinará los delitos en que incurrieron.

Ambos casos dejaron un daño patrimonial para la Dirección General de Educación Indígena de la SEP que en conjunto suma tres millones 960 mil pesos.

Para prevenir y evitar la comisión de irregularidades, la institución federal recomendó a la DGEI impulsar el fortalecimiento de control interno, así como la realización de talleres para dar a conocer las responsabilidades de los servidores públicos.