Tras violar sus propias leyes y rechazar el legítimo recuento de votos que exige Henrique Capriles, el Gobierno de Nicolás Maduro —que oficialmente ganó por un margen de 1,5 puntos— está escogiendo opciones destructivas.

Además de tolerar los ataques físicos —hace dos semanas le abrieron la cabeza a otro diputado—, el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, ha prohibido el uso de la palabra a los representantes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) en tanto no reconozcan la victoria de Maduro. Ya lo había profetizado el propio Cabello: “Chávez era el muro de contención de muchas de esas ideas locas que se nos ocurren a nosotros”.

En la calle, la persecución política ha comenzado. El general retirado y opositor Antonio Rivero ha sido detenido bajo la acusación de estar vinculado a las protestas poselectorales. Varios dirigentes universitarios están en la mira por “preparar emboscadas contra el pueblo y la patria”. Del acoso no se libra el propio Capriles, a quien la ministra del Servicio Penitenciario ha anunciado que ya tiene lista su celda. El líder opositor ha denunciado que el Gobierno acaba de suspender la entrega de los recursos que le corresponden al Estado de Miranda, del que es gobernador.

Las represalias se extienden a los trabajadores. La MUD ha recibido 4.000 denuncias de empleados públicos que han sido despedidos, degradados o amenazados por ser sospechosos de simpatizar con la oposición.

Transformado en una caricatura de Chávez —como volvió a mostrar ayer en su extemporánea arremetida contra el ministro de Exteriores de España—, Maduro ha demostrado, hasta ahora, que no está a la altura del cargo. Por ningún lado asoma el pragmatismo que algunos le adjudicaban. Ha escogido el peor de los caminos posibles, porque enfrente no tiene a un candidato, sino a la mitad del país. Nada bueno puede salir de la confrontación.

Ante la grave situación que vive Venezuela, la OEA no debe seguir mirando hacia otro lado. Y las democracias latinoamericanas tampoco deben obviar o minimizar estos atropellos.