El australiano Julian Assange enfrenta un juicio de extradición en Londres a petición del gobierno sueco, que lo acusa de abuso sexual contra dos colaboradoras. Sin embargo, alrededor de este juicio se desarrolla un jaloneo político de dimensiones mayores, ya que el gobierno de Estados Unidos sigue apretando el cerco financiero y legal contra WikiLeaks y su fundador, que osó divulgar sus secretos militares y diplomáticos. Este martes 14, la decisión de un juez puede determinar el cese o el recrudecimiento de la guerra cibernética internacional que desataron los simpatizantes de Assange.
Julian
Assange, el fundador del sitio WikiLeaks, quien fue arrestado el martes 7 en
Londres a petición de la policía sueca, se convirtió de la noche a la mañana en
un referente internacional de la libertad de prensa.
Su
polémica detención en la capital británica a partir de una solicitud de
extradición de Suecia provocó que cientos de grupos de hackers lanzaran una
guerra informática –una guerra que, advierten, apenas comienza– contra empresas
multinacionales, como Mastercard, Visa, Paypal, Amazon y Twitter, que
boicotearon a WikiLeaks tras supuestas presiones de Estados Unidos, cuyo
gobierno fue golpeado por las filtraciones de miles de documentos secretos del
Departamento de Estado.
El mismo
día, el periodista de investigación británico John Pilger sostuvo en la corte
de primera instancia de Westminster que Assange es un “héroe de la libertad de
prensa”, y junto con otras celebridades británicas, entre ellas el director Ken
Loach y la millonaria Jemima Khan, ofreció pagar hasta 20 mil libras esterlinas
por la liberación del detenido.
Pilger
agregó que Assange “hizo un servicio enorme a la humanidad y al periodismo” al
difundir los cables secretos de la diplomacia estadunidense: “Lo de WikiLeaks
es el mejor periodismo: es decir la verdad, hacer investigaciones, descubrir
cómo están las cosas”.
Pilger,
quien fue enviado especial del periódico Daily Mirror y es autor del documental
Year zero: the silent death of Cambodia (Año cero: la silenciosa muerte de
Camboya, de 1970), agregó que “todas las acciones –difusión de la información
clasificada del Departamento de Estado– deberían ser celebradas, no terminar en
un aula de tribunal en Londres (…) Seguiré apoyándolo. La injusticia no fue
cometida por esta corte, que está haciendo su trabajo. La injusticia está en
Suecia, de donde viene el ataque disfrazado con acusaciones absurdas”.
Lo
cierto es que los simpatizantes de Assange han lanzado una guerra en internet
para “vengar” a quien consideran su “héroe” por difundir los entresijos de la
diplomacia estadunidense y sus vínculos oscuros con los gobiernos de otros
países.
La
detención del australiano en la prisión de Wandsworth, en el suroeste de
Londres, intensificó la llamada ciberguerra. El portal de la empresa de
tarjetas de crédito Visa, que el martes 7 suspendió la cuenta de WikiLeaks y
anunció que investigaría la legalidad de los pagos al sitio, dos días después
fue objeto de un ataque de grupos no identificados, supuestamente simpatizantes
de Assange.
Ese
miércoles Mastercard, Paypal, Amazon y Facebook sufrieron ataques realizados
por hackers que los justificaron como “venganza” por el boicot de dichas firmas
al sitio de Assange. Así lo confirmó un miembro del grupo Anonymous, uno de los
responsables de los ataques informáticos, quien el jueves 9 declaró a la Radio
4 de la BBC que la campaña de represalias “no ha terminado”. Al contrario,
aseguró, “está tomando fuerza”.
El
activista de 22 años, que se hizo llamar Coldblood (Sangrefría) y quien estudia
ingeniería informática, como se supo después, dijo que “más y más personas
están descargando de forma voluntaria la herramienta botnet (que facilita los
ciberataques)… Ya somos miles los que nos hemos sumado a la guerra de
información. Nosotros tratamos de mantener la internet abierta y libre, pero en
los últimos años los gobiernos han tratado de limitar la libertad que tenemos
en internet”.
Los
blancos de la llamada Operación Payback son las firmas que decidieron retirarle
servicios y financiamiento a WikiLeaks, algunas de las cuales admitieron que lo
hicieron bajo presión del gobierno de Estados Unidos. Es el caso de Paypal,
cuyo vicepresidente, Osama Bedier, ofreció una conferencia de prensa en París
el miércoles 8 y reveló que la empresa de pagos por internet decidió cerrar la
cuenta de WikiLeaks “como resultado” de una carta oficial:
“El
Departamento de Estado nos dijo que esas eran actividades ilegales. Fue un
mensaje directo… En principio cumplimos con las regulaciones en todo el mundo
para garantizar la protección de nuestra empresa”.
Cuando
se le preguntó si Paypal sufriría ataques cibernéticos por admitir presiones de
Estados Unidos, Bedier respondió que “una de las señales de que uno es una
compañía exitosa de pagos es que los hackers tratarán de atacarlo; este caso no
es diferente de otros”.
Los
cargos
En una
carta que publicó en línea el jueves 9, el grupo Anonymous negó que sean
“vigilantes o terroristas”. Destacó que “el objetivo es simple: ganar el
derecho a mantener internet libre de cualquier control de entidad, corporación
o gobierno alguno”.
El mismo
día, el periódico sueco Aftonbladet dio a conocer que el sitio web del gobierno
de su país fue objeto de un breve ataque, aparentemente cometido por seguidores
de Assange en represalia por la acusación de abuso sexual enderezada contra el
fundador de WikiLeaks, muchos de cuyos simpatizantes consideran esos cargos
como una trampa del servicio secreto estadunidense.
Está
previsto que el australiano vuelva a comparecer el 14 de diciembre ante la
corte de primera instancia de Westminster, en el centro de Londres, que hasta
el momento ha denegado su liberación bajo fianza.
Por su
parte, el abogado de Assange, el británico Mark Stephens, negó en un comunicado
fechado el miércoles 8 que el fundador de WikiLeaks haya ordenado los ataques
cibernéticos de los últimos días y los atribuyó a la “fuerza de lucha” que generó
su trabajo.
Desde el
28 de octubre, Assange vivía alternamente en casas de amigos o seguidores en
distintos lugares del suroeste de Inglaterra. Pasó las dos noches anteriores a
su detención en el Frontline Club de Paddington, en el oeste de Londres, que
suelen utilizar los periodistas para reuniones y entrevistas, o bien como
albergue.
Sin
embargo, acabó por entregarse a las autoridades británicas para escuchar, el
martes 7 en la corte de Westminster, los cargos que Suecia le imputa y que se
detallan en la causa de extradición A-S 7253.
El
primero fue por coerción, otros dos por abusos sexuales y uno más por
agresiones sexuales, supuestamente cometidos contra dos mujeres, de 35 y 25
años, identificadas solamente con las letras “A” y “W” (aunque después se supo
que “A” es Anna Ardin, una sueca que vivió en Argentina en 2005 y admiraba al
entonces presidente Néstor Kirchner). Las dos presuntas víctimas eran
voluntarias de WikiLeaks.
“A”
denunció que fue víctima de “coerción ilegal” la noche del 14 de agosto en
Enköping, 78 kilómetros al oeste de Estocolmo, luego que Assange supuestamente
la inmovilizó con el peso de su cuerpo para violarla. Assange conoció a Anna
Ardin ese fin de semana en un seminario de WikiLeaks.
El
segundo cargo consiste en “abusos sexuales” contra “A” por no utilizar condón
al mantener relaciones sexuales con ella, pese a que –se dice en la causa de
extradición– la denunciante “expresó el deseo contrario”.
El
tercer cargo indica que Assange “deliberadamente abusó” de “A” el 18 de agosto,
“de una forma diseñada para violar su integridad sexual”, en tanto que el
cuarto se basa en que el acusado supuestamente mantuvo relaciones sexuales con
una segunda mujer, “W”, el 17 de agosto, igualente sin utilizar condón,
mientras ella dormía en su vivienda de la zona residencial de Karlaplan, en el
centro de Estocolmo.
“W”
pertenece a la Asociación Sueca de Demócratas Sociales Cristianos, un grupo
afiliado al Partido Socialdemócrata Sueco, que organizó un seminario y una
conferencia de prensa de Assange el 14 y el 15 de agosto; era la portavoz del
australiano en Suecia y lo había invitado a alojarse en su casa mientras
tuviera actividades en Estocolmo.
Estos
cargos presentados por Suecia se basan en una figura legal denominada sex by
surprise (sexo por sorpresa), incluida en la norma sueca sobre violación
simple, que alcanza a “cualquier acto de constricción vinculado al sexo”. Los
delitos así configurados habitualmente son extinguibles con una multa de 715
dólares, y sólo están tipificados en Suecia, no así en Gran Bretaña o Estados
Unidos.
Los
abogados de Assange indicaron en la corte que éste consumó relaciones sexuales
consentidas, aunque no protegidas, con las dos mujeres, y que en los días
sucesivos hubo nuevos “contactos amistosos y buscados” por ambas, que
“decidieron denunciarlo al descubrir la existencia una de la otra”.
Los
periódicos británicos Daily Mail y The Guardian –este último uno de los medios
asociados con WikiLeaks para la filtración de documentos secretos
estadunidenses– indicaron el día del arresto de Assange que con “A” el
activista australiano no utilizó preservativo y que con “W” se le rompió. Según
esta versión, la posterior negativa de Assange a someterse a un control llevó a
ambas mujeres a denunciarlo.
Pese a
los intentos oficiales para mantener en secreto los datos de las denunciantes,
se dio a conocer que Ardin fue seguidora del fallecido político argentino
Néstor Kirchner y que visitó Cuba, donde participó en diálogos con grupos
disidentes, como las Damas de Blanco.
La
conexión Suecia-EEUU
El 20 de
agosto, cuando Assange aún estaba en Suecia, se cursó una orden de detención
contra él por los cargos mencionados pero se retiró en menos de 24 horas porque
la fiscal Eva Finné, que llevaba el caso, consideró que las acusaciones no se
sostenían. “No creo que exista razón para sospechar que él cometió violación”,
asentó en su dictamen.
Por eso
el activista abandonó el país sin problemas. Casi dos meses después, el 18 de
noviembre, la fiscal especializada en delitos sexuales Marianne Ny, de
Gotemburgo, emitió una segunda orden de detención y giró una orden de búsqueda
y captura internacional, que provocó el arresto del australiano y desembocó en
el proceso de su eventual extradición.
El 20 de
noviembre la policía de Suecia emitió un pedido de arresto internacional contra
Assange a través de la Interpol, y en Europa a través del Schengen Information
System. Sin embargo, Scotland Yard, que conocía el paradero del activista e
incluso estaba en comunicación diaria con sus abogados, no pudo detenerlo
porque el documento tenía un error burocrático y solicitó a la autoridad sueca
una segunda petición, que llegó a Londres el lunes 6.
Poco
antes, el vocero de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, afirmó en un comunicado a
través del sitio Twitter que la detención de Assange es un “ataque a la
libertad de prensa”, y confirmó que el sitio web seguirá operando normalmente.
El
arresto generó especulaciones sobre un eventual pedido de extradición a Estados
Unidos por supuesto delito de espionaje. Así lo informó el miércoles 8 el
periódico inglés The Independent que, con base en fuentes diplomáticas “bien
ubicadas”, afirmó: “Han comenzado discusiones informales entre funcionarios de
Estados Unidos y Suecia sobre la posibilidad de que Julian Assange sea
entregado a la custodia estadunidense”.
“El
Departamento de Justicia estadunidense está considerando acusar al señor
Assange por delitos de espionaje debido a la filtración sin precedente por
parte de su sitio web de cables diplomáticos estadunidenses clasificados”,
especificó el diario británico.
Lo mismo
difundió la cadena de noticias Sky News en su noticiario del miércoles 8:
“Cuanto más tiempo (Assange) permanezca en Gran Bretaña, mayor será la
posibilidad de que Estados Unidos encuentre una ley que permita acusarlo de
forma razonable y lograr una condena” contra él.
Sin
embargo, no se ha definido el periodo durante el que Assange permanecerá en
Inglaterra. Existe la posibilidad de que el martes 14 el juez distrital Riddle
se convenza de que el australiano es buscado en efecto por los delitos sexuales
mencionados y que, por lo tanto, su extradición a Suecia no viola sus derechos
humanos. En ese caso la corte ordenaría su extradición, y si la defensa no
presenta apelación, Assange sería extraditado en un plazo de 10 días.
Pero el
australiano ya confirmó que apelará una decisión como esa, para lo cual la ley
británica le concede un límite de siete días. El proceso correspondiente en el
Alto Tribunal de Londres comenzaría dentro de los 40 días a partir de la
presentación del recurso, aunque la corte puede extender ese plazo “en el
interés de la justicia”.
Si esa
corte apoya la extradición, el equipo legal de Assange puede apelar nuevamente,
esta vez en la recientemente formada Corte Suprema de Gran Bretaña, pero los
magistrados sólo aceptarán el pedido si se justifica que es de interés público.
El
dictamen de la Corte Suprema será el final del proceso legal de Assange en Gran
Bretaña, aunque podría ser el principio de otro mucho más polémico y
controvertido en caso de que el nuevo héroe de los hackers y de muchos
periodistas independientes sea solicitado por el gobierno de Estados Unidos
bajo cargos de espionaje.