Con el lema “Por la defensa del río verde, un sí a la vida” y “¡Ríos sin presas, Pueblos Vivos!”, los inconformes exigieron la cancelación del proyecto hidroeléctrico y demandaron que se reconozca que las presas contribuyen en gran medida al calentamiento del planeta.
El Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del río Verde (Copudever) exigió al gobernador Gabino Cué Monteagudo que cumpla su promesa de campaña y “cancele el proyecto hidroeléctrico de Paso de la Reina”.
El Copudever, que agrupa a 40 comunidades indígenas (chatitos, mixtecos, zapotecos, amuzgos, afro-mexicanos) de cinco municipios y a 27 parroquias de la Diócesis de Puerto Escondido, se quejó de que desde hace cuatro meses solicitó por escrito una audiencia con Gabino Cué y “ni siquiera se ha dignado a contestar”.
En conferencia de prensa, representantes del Copudever exigieron al gobierno del estado que reconozca los derechos de los pueblos indígenas consagrados en pactos y acuerdos internacionales, sobre todo a decidir el modelo de desarrollo que quieren, así como la aceptación o el rechazo de proyectos.
Con el lema “Por la defensa del río verde, un sí a la vida” y “¡Ríos sin presas, Pueblos Vivos!”, los inconformes exigieron la cancelación del proyecto hidroeléctrico y demandaron que se reconozca que las presas contribuyen en gran medida al calentamiento del planeta.
También demandaron que se replantee el marco legal constitucional de los derechos colectivos y las propiedades comunales para evitar que las leyes sigan permitiendo la privatización, el monopolio y la sobreexplotación.
De igual forma, pidieron que se respete el derecho a las reglamentaciones territoriales propias, que tienen como finalidad proteger y conservar los distintos ecosistemas, su acceso y administración y que las propias comunidades agrarias, ejidos, municipios definan la política de manejo de cuencas, sin la tutela del gobierno.
Asimismo, solicitaron que se reconozca y se respete la decisión de las asambleas comunitarias donde se rechazó el proyecto y se deje de condicionar los programas sociales en las comunidades que han lo rechazado.
