Tras el acuerdo alcanzado para la participación política de las FARC después de su eventual desmovilización, las negociaciones de paz de La Habana entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla abordarán el próximo 18 de noviembre la vidriosa cuestión del narcotráfico, principal fuente de ingresos de la banda armada.

El narcotráfico ha constituido el combustible del conflicto interno en los últimos veinte años. Autoridades nacionales y extranjeras han concluido que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son un «cártel del narcotráfico». Según el Departamento de Estado de EE.UU., entre 2008 y 2012, obtuvieron entre 500 y 800 millones de dólares anuales por narcotráfico (lo que constituyó entre el 50 y el 70% de sus ingresos).

Desmovilizarse implicaría para los guerrilleros rasos no tener oportunidades de empleo y ganar menos que en la selva, donde la droga es una sustanciosa fuente de ingresos. El narcotráfico en las FARC es una industria rentable. Su negociación será un hueso duro de roer en la siguiente ronda.

Rencor con las FARC

Para los detractores del proceso de paz, no es justo que los jefes rebeldes no paguen cárcel, no indemnicen a las víctimas, no respondan por sus actos. En Colombia hay un gran rencor con las FARC. Han sido cincuenta años de conflicto. Y, aunque las intenciones van bien encaminadas, no está claro cómo aplicarán las decisiones. ¿Los empresarios emplearán a los rebeldes? ¿Los campesinos los dejarán trabajar junto a sus tierras? ¿Cómo puede haber paz mientras haya droga que financie la guerra?

«Es rechazable que se negocie la institucionalidad democrática con las FARC, el cartel de drogas, secuestro y asesinato más grande del mundo», escribió en su cuenta de Twitter el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), uno de los más populares de la historia reciente del país, ya que combatió la guerrilla y logró reducir la inseguridad a índices históricos.

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las FARC en dos de los seis puntos en negociación para firmar la paz ha sido un avance clave. El 53,7% de los colombianos respalda el proceso de negociación. Lo que les preocupa es que los avances de paz llegan justo cuando el presidente, Juan Manuel Santos, busca su reelección, una decisión que anunciará este mes.

Botín electoral

Sin lugar a dudas, la paz de Colombia se ha convertido en un botín electoral. Uribe ganó la presidencia en 2002, cuando prometió derrotar a la guerrillas. Y su antecesor, Andrés Pastrana (1998-2002), venció cuando se reunió con los líderes de las FARC y arrancó un proceso que fracasó cuando se supo que las FARC habían usado la zona de diálogo para extorsionar, secuestrar y aumentar los cultivos de coca.

Por eso para el grueso de la población lo que está ocurriendo en La Habana es una abstracción. Santos había dicho que sólo iba a negociar con las FARC un año. Ya decidió que las conversaciones van a continuar. Y ahora, mientras los candidatos se juegan la presidencia entre la guerra y la paz —el candidato uribista, Oscar Iván Zuluaga, por ejemplo, calificó de «farsa» el acuerdo logrado y dijo que si es presidente romperá el diálogo de inmediato—, deberán negociar sobre un tercer punto aún más difícil.

Otro tema que es espinoso tiene que ver con el fin del conflicto armado. Incluye el cese el fuego definitivo, las condiciones para una eventual desmovilización de cerca de los ocho mil guerrilleros y el abandono de las armas. Hasta ahora, el Gobierno mantiene su decisión de negociar sin cese el fuego, a pesar de que las FARC han sugerido una tregua bilateral.