El Gobierno colombiano y las FARC han reanudado tras un mes de interrupción sus conversaciones de paz en La Habana, un diálogo abierto hace casi seis meses y que continúa estancado en su primer punto, la cuestión agraria. A la negociación se han incorporado media docena más de jefes guerrilleros, como muestra de confianza de Bogotá en el avance del proceso. Una confianza que hace explícita el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en la entrevista publicada ayer por este periódico.

La pacificación del país andino, tras más de medio siglo de insurrección armada, es, como pone de relieve Santos, un bien supremo. Colombia, tierra de enormes desigualdades, conoce un gran repunte económico en los últimos años, entre otros factores por el enorme castigo infligido a la guerrilla durante la doble presidencia de Álvaro Uribe. Este mismo mes, una masiva y heterogénea marcha apoyaba en Bogotá las conversaciones de Cuba.

Pero es también un hecho que tras medio año sin progresos tangibles son casi tantos los colombianos que desconfían de lograr un acuerdo con las FARC como los que lo desean. Y que comienza a erosionarse la fe ciudadana en un diálogo que muchos consideran directamente ligado a las expectativas de reelección de Santos, que enfila la recta final de su mandato. Nadie es más radical en su oposición que Uribe; su movimiento político acaba de rechazar asistir al foro que debatirá a partir de mañana la eventual reinserción de los guerrilleros. Precisamente este es el segundo y crucial punto a debate en la opaca agenda de La Habana. La idea de que los crímenes de las FARC puedan quedar impunes subleva a demasiados colombianos.

Santos asegura atinadamente que el gran desafío de la negociación es determinar la crucial divisoria entre justicia y paz. Llegado el caso, él será el primer árbitro de esta decisión. Pero la última palabra la tendrán sus compatriotas.