A Venezuela la gobierna un régimen autoritario, populista/asistencialista, centralizado en el poder ejecutivo y personalizado en la figura del caudillo Hugo Chávez, el líder mesiánico de la “revolución bolivariana”. El régimen se mantiene en el poder gracias a una constante mayoría electoral del 54% más o menos, que lo ha entronizado en el poder desde 1998. Esta mayoría estado-dependiente se la genera con demagogia, con un insostenible y turbio gasto público que financia las llamadas misiones de asistencia social, y con el abuso de los recursos del Estado, la propaganda oficial, y el control y manipulación del sistema electoral que le dan un ventajismo electoral difícil de contrarrestar.

El régimen controla todos los poderes del Estado más las fuerzas armadas, las empresas del estado, la mayoría de las gobernaciones, de los medios de comunicación y de las universidades del país.  Se acosa y persigue a la prensa libre, y se denigra a la oposición política y a jueces independientes, a quienes se los tilda de golpistas y lacayos del “imperio.” Su propósito es mantener un control absoluto del Estado y del pseudo-democrático proceso político/electoral, en función de una supuesta revolución socialista y anti-imperialista. (Son llamativas las similitudes con el régimen “strossnista” del Paraguay (1954-1989), con la diferencia de que a la oposición se la tildaba de “comunista”). 

Pero el régimen está en crisis porque el comandante no apareció para juramentar e iniciar su cuarto período presidencial el 10 de enero pasado; se encuentra operado de cáncer e internado bajo control médico, primero en Cuba, y ahora en el Hospital Militar de Caracas, con un permiso de ausencia sin límites de la Asamblea Nacional, presidida por Diosdado Cabello (colega golpista del levantamiento militar contra Andrés Pérez en febrero de 1992). El régimen está acéfalo -aunque se pretende que Chávez se encuentra en “ejercicio de sus funciones”.

Sin Chávez ¿cómo preservar el poder y el control del Estado?

Irónicamente, la tan mencionada Constitución bolivariana presentaba el principal obstáculo al régimen.  El procedimiento a seguir para el juramento del presidente electo es muy claro:  su artículo 231 establece que el presidente electo “tomará posesión… el 10 de enero del primer año de su período constitucional..,” y el 233 señala que “será falta absoluta” del presidente su “incapacidad física… certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia....” y que cuando “se produzca la falta absoluta del presidente electo antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección..,” y mientras “se elige y toma posesión el nuevo presidente… se encargará de la Presidencia… el presidente de la Asamblea Nacional… y se procederá a una nueva elección... dentro de los treinta días consecutivos".

El poder judicial chavista supera el obstáculo con una interpretación constitucional que garantiza la continuidad del régimen bajo Nicolás Maduro, a quien Chávez nombró vicepresidente ejecutivo y sucesor político, antes del 10 de enero.  Para sorpresa de nadie, el 9 de enero la presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, anunció que "a pesar de que el 10 de enero próximo se inicia un nuevo período constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión”, ya que Chávez es un “presidente reelecto.” La juramentación es un mero “formalismo” y hay “continuidad administrativa” porque “el presidente  no es un nuevo presidente” y su  gestión fue “aprobada por el soberano"; ni es  necesario conformar una junta médica para determinar su capacidad física.

Con esta retorcida interpretación, que de hecho prorroga o prolonga inconstitucionalmente el período presidencial de Chávez, el régimen consuma su auto golpe y se mantiene en el poder, con el apoyo de las fuerzas armadas. El actual  gobierno de Maduro es “de facto” e ilegítimo; nadie lo eligió. Ni él ni sus ministros fueron juramentados oficialmente. No cumple con la Constitución, porque de hacerlo, Cabello tendría que asumir la Presidencia y llamar a elecciones en los próximos 30 días.

Pero ahora que Chávez está de vuelta, internado e incomunicado en un hospital militar, surgen otras posibilidades que podrían regularizar constitucionalmente la situación, aunque no habría que descartar que se mantenga indefinidamente el status quo ilegal porque el estado de salud del comandante  no le permite juramentar. Una de esas otras posibilidades es que Chávez juramente sea como sea ante el Tribunal Supremo,  juramentando luego al vicepresidente y sus ministros, y gobernando él desde el hospital  hasta que se recupere. Otra posibilidad es que asuma y renuncie,  o que una junta médica lo encuentre incapacitado para gobernar, o en la peor de las circunstancias que fallezca, en cuyos casos su vicepresidente asumiría (ahora sí legalmente) la presidencia y se tendría que llamar a elecciones en treinta días como lo establece la Constitución. Cualquiera de estos escenarios sólo augura incertidumbre, inestabilidad socio-económica y política, y gobernanza de muy baja calidad por una cúpula chavista desorientada y desconcertada por la ausencia del caudillo que lo decidía todo.

De todas maneras, el autogolpe perpetrado hasta ahora viola también las cláusulas democráticas de la CELAC, el MERCOSUR y la UNASUR, así como la Carta Democrática Inter-Americana de la OEA, incluyendo el compromiso expreso de sus miembros de promover y defender colectivamente la democracia representativa. Pero lo curioso es que ningún país cuestiona o condena públicamente este agravio a la democracia. El embajador de Panamá en la OEA, Guillermo Cochez, valientemente lo intentó y fue destituido por su gobierno.

¿Qué ha pasado con los demócratas que condenaron el golpe de Honduras (2009) y, paradójicamente, la destitución legítima y constitucional de Lugo en Paraguay (2012)?

Me temo que esta indiferencia y pasividad ante la transgresión chavista en realidad nos está indicando un patrón de retroceso o abandono del compromiso regional con el ejercicio y la defensa de la democracia -más allá de la retórica- claro. Esto ya lo vimos en las violaciones a la Constitución y a la Carta Democrática del presidente Zelaya en Honduras, antes de su destitución,y en las manipulaciones constitucionales, parlamentarias y electorales cometidas por Evo Morales en Bolivia, y  por  Daniel Ortega en Nicaragua, para acceder a su reelección inmediata y mantenerse en el poder. Y la última señal de la alarmante erosión de ese compromiso es la elección del dictador Raúl Castro para presidir la CELAC. ¡Vaya paladín de la democracia!