Sabemos que la corrupción genera altos costos para las empresas, para los gobiernos y para la sociedad en general. Sin embargo, a pesar de que sabemos que la corrupción nos cuesta, resulta muy difícil estimar su costo total en dinero.

La corrupción en el gobierno, en las empresas y en cualquier organización social es una actividad que generalmente se mantiene oculta y en muchos casos la complicidad, el miedo a presentar una denuncia y la habitual discreción de los involucrados consiguen cubrir los rastros del perjuicio. Ese es uno de los motivos por los que los instrumentos utilizados para medir los niveles de corrupción son índices de percepciones o bien, de cómo la población de un país advierte o estima la gravedad del problema de corrupción en su entorno social.

Existen otros costos que están relacionados con la corrupción y que son aún más difíciles de precisar. En estudios empíricos1 se ha mostrado la relación que existe entre los niveles de percepción de la corrupción y algunos indicadores económicos. Así, sabemos que en los países en los que se perciben altos niveles de corrupción, el ingreso per cápita es menor; la distribución del ingreso es más injusta; hay bajos niveles de inversión extranjera y nacional, así como bajos niveles de crecimiento económico.

El grado de desarrollo de un país está relacionado negativamente con los niveles de percepción de la corrupción, por lo que podemos decir que ésta es una de las características del subdesarrollo. El costo de la corrupción que se traduce en menor ingreso per cápita, en inversiones que no llegan y en falta de crecimiento económico posiblemente sea imposible de estimar.

Se han emprendido iniciativas interesantes para acercarse a su costo económico, como el Índice de Opacidad de Price-Waterhouse-Coopers, que estima el costo para las empresas de invertir de acuerdo a una estimación de la opacidad, o de la falta de transparencia de un país. El costo total de la corrupción para una sociedad, sin embargo, es mucho mayor.

La corrupción hace que se destinen recursos públicos a proyectos en los que hay más probabilidades de obtener un beneficio personal, mejor conocidos con el eufemismo de "elefantes blancos", a costa de las prioridades del desarrollo del municipio, del estado o del país. Los "elefantes blancos" no solamente alejan recursos de las necesidades reales de inversión, sino que con el afán de lucro, sus promotores suelen transgredir normas de seguridad y de protección al ambiente, causando pérdidas adicionales para la sociedad y para el ecosistema.

El relajamiento en la observancia de las normas que promueve la corrupción, favorece el fraude, la evasión fiscal y el crecimiento de economías informales. La corrupción también lastima a los sistemas de procuración e impartición de justicia y reduce en general la calidad de los servicios públicos. La corrupción no solamente genera más corrupción, sino que promueve la impunidad y limita la capacidad de los gobiernos para combatirla, creando un círculo vicioso que de no detenerse, puede crecer hasta volverse incontrolable.

Cuando se habla de los costos de la corrupción, no suele tomarse en cuenta que a pesar de que esos costos son pagados por la sociedad entera, afectan especialmente a los más pobres, quienes están a merced de funcionarios venales para cualquier trámite y de arreglos clientelares en la aplicación de la justicia; los pobres son también quienes más requieren de servicios públicos como educación y salud, por lo que una disminución en la calidad de estas prestaciones afecta directamente su bienestar.

La corrupción le cuesta a una sociedad en recursos económicos, en bienestar, en seguridad y en calidad de vida. Los intentos por cuantificar los costos de la corrupción nos pueden dar una idea más clara de lo que nuestra sociedad pierde por este fenómeno y calcular lo que ganaríamos en recursos pero sobre todo, en bienestar si este problema es combatido con éxito.

Los costos sociales que representan la pérdida de oportunidades de crecimiento y desarrollo, el deterioro del medio ambiente y de la seguridad pública, tener servicios públicos deficientes y una injusta distribución del ingreso son altísimos e imposibles de medir.