Pese a prometer lo contrario en campaña, el presidente mexicano agota todas las vías legales para retirar el fuero a los ex presidentes a través de una consulta popular.
Horas antes de protagonizar el 'Grito de la
Independencia', el tradicional acto con el que los presidentes mexicanos
conmemoran -cada 15 de septiembre por la noche- la soberanía del país, López
Obrador recibió una mala noticia que, no por inesperada, iba a cambiar sus
planes.
Los miles de voluntarios que, desde hace varias semanas,
habían tomado las principales plazas públicas en busca de firmas que avalen una
consulta ciudadana para juzgar a los ex presidentes no habían logrado su
objetivo. Se quedaron lejos del 1.800.000 firmas necesarias para impulsar el
proceso, obligando al presidente mexicano a activar una segunda vía, a través
de una solicitud formal al Senado, que le pone frente al espejo de sus propias
contradicciones.
"No vamos a llevar a cabo ninguna denuncia en contra
de los ex presidentes porque queremos ver hacia delante y dijimos, si los
ciudadanos no están de acuerdo con mi postura y quieren que se enjuicie a los
ex presidentes, pues que se organicen y que recojan las firmas para que se
celebre una consulta ciudadana", aseguró López Obrador el pasado mes de
febrero. Esta postura que ha reiterado hasta la saciedad desde su toma de
posesión ha ido perdiendo solvencia con el paso del tiempo.
Después de fracasar en su intento de que fuera el propio
pueblo, y no él mismo, quien echara a andar el proceso contra los ex
presidentes, López Obrador se ha visto obligado a significarse y enviar al
Senado la pregunta del millón: "¿Está de acuerdo en que se revisen e
investiguen las administraciones de los ex presidentes de la República, a
efecto de deslindar responsabilidades penales y administrativas?".
La particular 'caza de brujas' tiene en su diana a los ex
presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto, quienes gobernaron el país entre 1988 y 2018. Una encuesta
reciente de 'El Universal' concluyó que 9 de cada 10 mexicanos están a favor de
que se juzgue a los ex mandatarios, un dato que utilizó López Obrador para
justificar su postura: "La consulta solicitada tiene el propósito legal de
llevar un asunto de interés general y trascendencia nacional, y posibilitar en
su caso juicios apegados a derecho".
La mayoría calificada que tiene en el Senado Morena (el
partido del Presidente) facilitará que el proceso avance en su primera
instancia, aunque todos los expertos coinciden en que es realmente difícil que
llegue a buen término.
Si la moción prospera en la Cámara Alta, será la Suprema
Corte de Justicia quien deberá concluir si el proceso es o no constitucional y
si la pregunta planteada no es tendenciosa o vulnera algún derecho fundamental.
El otro escollo que protege a todos los ex presidentes citados, menos a Enrique
Peña Nieto, es el paso del tiempo, ya que provoca que todos sus presuntos
delitos -menos los de lesa humanidad- hayan prescrito.
La prueba definitiva de que esta consulta responde más a
intereses partidistas y a una campaña de desprestigio político que a una
necesidad real y viable, es la fecha sugerida por López Obrador para su
celebración: el 6 de junio del 2021. Ese día los mexicanos celebrarán las
elecciones más grandes de su historia para elegir 15 gobernadores, 500
diputados, 30 congresos locales y casi 2.000 alcaldes.