El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas; el presidente del Comité Cívico, Germán Antelo; el presidente de la CAO, Mauricio Roca y el titular de Anapo, Carlos Rojas, se reunieron este jueves para analizar las acciones del gobierno y criticaron la reversión de tierras por ser una medida unilateral, sin consultar a la Comisión departamental.

Este miércoles, autoridades del INRA, apoyados por policías y militares, además de fiscales, procedió a la reversión de dos propiedades rurales La Madre y La Isla, cada una con 600 hectáreas sembradas con soya y cultivos.

Paralelamente, llegaron hasta ambas propiedades, al menos unas 600 familias oriundas del interior, las que quieren tomar posesión de esas tierras que serán distribuidas por el INRA, al ser consideradas fiscales.

El prefecto Rubén Costas, muy preocupado por esta acción del gobierno, dijo que Santa Cruz está en emergencia y que no va a permitir que se repartan las tieras saltando una autoridad competente como dice la ley.

"El ministro de la presidencia se comprometió la semana anterior a desalojar a los avasalladores de tierras, a aquellos delincuentes y criminales y meterlos presos. Esta posición avivó la esperanza de que este gobieno iba a hacer cumplir la ley", dijo.

Dionisio Rivas, director departamental del INRA, dijo que aplicando las nuevas disposiciones, dos propiedades pasaban a manos del estado y que esas tierras serán distribuidas de acuerdo un plan previamente diseñado.

Hay otras propiedades en la mira, se calcula que son 100 mil hectáreas las que serán revertidas al Estado ubicadas en el cantón El Puente de la provincia Guarayos.

El prefecto dijo que el gobierno ha pasado por encima de la Comision Agraria en Santa Cruz, "nadie nos informó nada nosotros pensamos que cumpliría su compromiso de sacar a los delincuentes, no a quienes están produciendo", sostuvo.

Mientras que el presidente del Comité pro Santa Cruz, Germán Antelo, dijo que no se va a permitir que se entreguen más tierras privadas a los avasalladores, por lo que se está pensando en medidas de defensa de la tierra.

"No queremos otro muerto como ya ha sucedido anteriormente", dijo el dirigente cívico a tiempo de pedir que la población tiene que entender que los avasallamientos no son realizados por gente necesitada, sin por personas que están acostumbradas a estas acciones.

"Es un problema que va más allá de la toma de tierras y de respeto a nuestras etnias. Este problema tiene que ser tratado en un marco de equilibrio para evitar que pueda darse una nueva confrontación", dijo Antelo.

Mientras que el presidente de la CAO, Mauricio Roca, uno de los sectores que se dice será el más afectado por la reversión de tierras, dijo que dos de sus afiliados han sido afectados por la reversión estas propiedades, cuyos cultivos pueden ser verificados.

"El gobierno del presidente Morales dijo que se iba a respetar las propiedades que estén en producción y en este caso no se ha cumplido. Los dos afectados tienen siembras de soya en estos momentos", dijo Roca.

El INRA dice que no se hace responsable por nada, ya que todo se está realizando en plena aplicación de la Ley y en conocimiento de las autoridades correspondientes.

Mientras tanto, 600 familias, que son las primeras que han llegado, esperan recibid un pedazo de tierras de esas 1.200 hectáreas que fueron revertidas. Se anuncia la llegada de más gente, ya que serán 100 mil hectáreas las que se reviertan en la zona.