En un mercado cualquiera, sea de bienes, servicios o factores de la producción, interactúan dos tipos de agentes económicos: oferentes y demandantes. Los oferentes, dueños de un recurso, buscarán maximizar el rendimiento sobre su capital (físico o humano) y querrán vender el bien o servicio producido al mayor precio posible. Los demandantes, por otra parte, querrán adquirir el bien o servicio al menor precio posible. Es la interacción en el mercado de todos los oferentes y demandantes, que se determina el precio al cual se llevará a cabo el intercambio así como la cantidad que se intercambia. Si a un precio determinado, la cantidad demandada es menor a la ofrecida, el precio tenderá a bajar, sucediendo lo opuesto si la ofrecida es menor a la demandada.

Más aún, cuando hay libre concurrencia en el mercado, es decir, cuando los mercados operan en un contexto de libre competencia, todas las transacciones son enteramente voluntarias y se tiende a maximizar, simultáneamente, el bienestar de los demandantes y el de los oferentes. Y aquí es importante resaltar: los mercados cuando operan competencia no son justos o injustos, son solo eficientes. Un mercado en competencia es el arreglo institucional que tiende a lograr la más eficiente asignación de recursos.

Por el contrario, cuando el mercado está dominado por un monopolio o un pequeño número de empresas que se coluden para ejercer una práctica monopólica, tienen el poder de extraerle rentas a los demandantes cargando un precio más elevado del que hubiese regido en un mercado competitivo, además de restringir la cantidad ofrecida por debajo de la que se hubiese intercambiado en competencia. Más aún, dado que el monopolio enfrenta un mercado cautivo, la calidad del bien o servicio que ofrece será menor que si hubiese varias empresas buscando ganarse el favor de los demandantes ofreciéndoles bienes y servicios de mayor calidad. La existencia de monopolios reduce el bienestar de los consumidores y genera un costo neto para la sociedad.

En esta materia, la política pública debe ser la de dotar a la economía de un arreglo institucional que favorezca la existencia de mercados que operen en competencia, uno en donde las barreras regulatorias de entrada y salida sean bajas y los derechos privados de propiedad estén eficientemente definidos y garantizados. El objetivo último es el de maximizar el bienestar de los consumidores. Todos, independientemente de la fuente de ingresos que tengamos somos, en última instancia, consumidores.

Los políticos de izquierda normalmente se asumen como defensores de los pobres, de los desprotegidos (lo que sea que eso signifique), a favor de una mayor equidad, a favor de una mayor igualdad de oportunidades. Y es solo por esto que un político de izquierda tiene que abrazar la libre competencia como su bandera. Plantear una política pública enfocada a proteger a los productores va en contra de sus postulados porque esa protección deriva en una economía de rentistas, una que daña gravemente a los consumidores, particularmente a los más pobres.