México, desde la consumación de la independencia en 1821 y a pesar del enorme potencial de crecimiento ha tenido, con excepción de algunos periodos aislados (1895-1907 y 1942-1981), un desempeño por demás mediocre. A mediados del siglo XIX el PIB por habitante de México y EE.UU. era prácticamente igual; hoy el de los estadounidenses es casi 5 veces mayor al de los mexicanos. La principal explicación de tan disímil desempeño está en el marco institucional: el de EE.UU. es incluyente mientras que el de México es excluyente es decir, está diseñado para favorecer y premiar la apropiación de rentas, lo cual también explica la notoria inequidad de la distribución de la riqueza y del ingreso. Nuestro arreglo institucional, particularmente las reglas formales del juego (el marco legal que rige el comportamiento e interacción de los agentes económicos) está plagado de incentivos perversos es decir, aquellos que no están alineados con el objetivo último de mayores niveles de desarrollo económico, entendido como altos y crecientes niveles de ingreso por habitante, muy bajos niveles de pobreza y relativa equidad en la distribución de la riqueza.

Tenemos muchos ejemplos de un arreglo institucional que favorece y premia la extracción de rentas: prácticas monopólicas u oligopólicas privadas y gubernamentales en varios sectores de la economía, la utilización del poder público para obtener un beneficio privado (i.e., el poder que tiene un burócrata para extorsionar a un agente privado con la aplicación discrecional de la regulación, licitaciones amañadas de obras públicas, conflictos de interés, los "moches" de los legisladores, la práctica común por parte de policías, ministerios públicos y jueces corruptos, maestros que cobran sin dar clases, etcétera), partidos políticos, líderes sindicales, líderes ejidales y más.

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México no puede seguir igual. Tiene toda la razón: México no puede seguir igual si lo que se desea es alcanzar mayores niveles de desarrollo, mayores niveles de bienestar para la generalidad de la población. Sin embargo, poco es lo que se ha hecho para efectivamente desmantelar el arreglo que priva y que sigue favoreciendo y premiando la extracción de rentas.

Necesitamos movernos hacia un íntegro estado de derecho, uno en el cual los derechos privados de propiedad estén eficientemente definidos, garantizados y protegidos, uno en donde todos los mercados operen en un contexto de competencia, uno en donde la regulación de estos mercados sea eficiente, transparente y sin interpretación y aplicación discrecional, uno en donde los funcionarios públicos, desde el Presidente de la República hasta los funcionarios municipales, rindan cuentas por sus actos, uno en donde los actos de corrupción sean una excepción y no una práctica común y generalizada.

La lección es muy clara: o se desmantela ya y ahora el arreglo institucional que favorece la extracción de rentas o México seguirá teniendo un desempeño económico por demás mediocre, con una muy alta incidencia de pobreza y una notoria inequidad. Los discursos gubernamentales son sólo palabras huecas si no se pasa a la acción.