Después de tres años de negociación con las FARC, la posibilidad de que un futuro acuerdo de paz permita al gobierno colombiano destinar la actual inversión en seguridad a incrementar el gasto social se ha convertido en el argumento estrella para defender los diálogos con la guerrilla. A primera vista, es una perspectiva prometedora. Según el Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo (SIPRI), Colombia es el país latinoamericano que destinó mayor proporción de su economía a la defensa en 2014, con un total de 8.200 millones de euros (27,3 billones de pesos), equivalentes al 3,4% de su Producto Interno Bruto. Semejante cifra situaría el gasto militar colombiano por encima del brasileño (1,4%) o el chileno (2%). Sin embargo, las cosas son más complicadas.

En realidad, el presupuesto de defensa colombiano resulta difícil de comparar con el de sus vecinos porque incluye partidas de gasto distintas. Así, en Colombia, el mismo Ministerio administra los recursos de las Fuerzas Militares y la Policía (aproximadamente un 0,9% del PIB). Además, los dineros de la defensa incluyen las pensiones de los uniformados (cerca de un 0,7% del PIB). Si estos rubros se sustraen del mencionado 3,4% del PIB para hacer la cifra del gasto militar colombiano comparable a la de otros países, el resultado es modesto: 1,8%.

Los riesgos de potenciales recortes se hacen evidentes cuando se analiza cómo se gastan los recursos. Las asignaciones de personal –salarios y pensiones – abarcan más del 65% de los fondos de la seguridad mientras que los gastos operacionales –municiones, combustible, mantenimiento, etcétera– y la inversión se limitan al 25%. Esta última fracción del presupuesto resulta crítica dado que garantiza la efectividad de las acciones militares y policiales. La paradoja estriba en que la legislación colombiana hace imposible “despedir” uniformados para achicar la carga salarial. En consecuencia, cualquier disminución presupuestal iría contra las partidas de operaciones e inversión cuya reducción dañaría gravemente el funcionamiento del aparato de seguridad.

El desplome del peso, que perdió un 35% de su valor en el último año, hace las cosas peores. La mayoría de los equipos utilizados por la Fuerza Pública deben ser adquiridos en el extranjero y pagados en dólares. Esto quiere decir que el actual presupuesto de compras ha perdido un tercio de su valor. Semejante reducción no podrá ser compensada por una asistencia estadounidense en declive.

Un eventual acuerdo con las FARC no terminará los problemas de seguridad de Colombia. Resulta muy probable que una fracción de la organización rechace la desmovilización y escoja la violencia. Lo mismo se podría decir de la guerrilla del ELN si cuajan los actuales intentos de diálogo. Todo ello sin olvidar las Bandas Criminales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal. Así las cosas, el país necesitará mantener unas Fuerzas Militares y una Policía efectivas. En consecuencia, el “dividendo de la paz” no podrá extraerse de un presupuesto ajustado al límite.

Román D. Ortiz es profesor y consultor sobre temas de seguridad, defensa y riesgo politico.