La premisa fundamental sobre la que se asienta, es decir, que la liberalización del mercado de las drogas es el camino adecuado para enfrentar ese flagelo, es correcta. Sin embargo, considero que esta ley es mala, por los motivos explicados a continuación.

Para empezar, no se trata de “liberar” sino de “estatizar”, lo cual es algo completamente diferente. Funcionarios públicos serán los encargados de “vigilar” el cumplimiento de la ley según los términos allí establecidos y además, van a “dar permisos” para que diferentes empresas privadas operen en este mercado. Es de temer que por ese camino, no sólo el problema se mantenga sino que incluso, la corrupción se expanda considerablemente. De ser así —cosa que la experiencia demuestra como muy probable— la situación interna del Uruguay empeoraría formidablemente. Según la información brindada por Transparencia Internacional, la corrupción estatal en nuestro país es moderada. Por lo tanto, tememos que con esta ley, nos estemos comprando un problema nuevo.

Además, según la opinión de los expertos, esta ley contendría varias inconstitucionalidades.

Por ejemplo, el artículo 2 establece que el Estado “asumirá el control de la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución del cannabis y sus derivados”.  Lo cual significa que el Estado tendrá el monopolio sobre dicho mercado.

La Constitución uruguaya establece en su artículo 85, numeral 17, que para instituir monopolios en favor del Estado, “se requerirá la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara”. La ley de la marihuana se aprobó por mayoría simple (16 votos contra 13 votos) en el Senado.

La creación del “Instituto de Regulación y Control del Cannabis” (Ircca) es otro de los aspectos de la  referida ley considerados ilegales porque crea un organismo y cargos rentados cuando falta menos de un año para las elecciones nacionales. El artículo 229 de la Constitución lo prohíbe expresamente.

Otra infracción más a la Constitución lo consistiría la violación de la autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública, ya que la referida ley obliga a crear una materia a ser dictada obligatoriamente que hable de los riesgos de consumir marihuana.

Finalmente, hay que mencionar que desconoce tratados internacionales firmados por Uruguay. Con respecto a este tema, Raymond Yan, presidente  la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes —órgano de las Naciones Unidas (ONU) que vigila el cumplimiento de los pactados— recordó que Uruguay adhirió a la Convención sobre Estupefacientes en 1961, y dicho tratado sólo permite el uso del cannabis para fines médicos y científicos.

No creo que los fines justifiquen los medios. El camino de violar la constitución, de ningún modo es el correcto.

En mi opinión, el modo cómo se ha llevado hasta el momento la llamada “lucha contra las drogas”, en vez de atenuar el problema, lo ha agravado considerablemente. Lo más increíble de todo, es que hay abundante evidencia empírica —por ejemplo la experiencia con la “Ley Seca” en EE.UU.— para demostrar qué sucede cuando el Estado pretende actuar como un “tutor” de los ciudadanos, como un policía moral.

El camino adecuado, por ser el más eficiente y también por ser el único que se justifica desde el punto de vista moral, es la libertad. Es decir, que las autoridades se den cuenta que los habitantes son personas adultas y racionales. En consecuencias, las únicas responsables de las decisiones que tomen acerca de sus vidas.

Es por todos estos motivos que consideramos, que la ley de la marihuana uruguaya es mala, a pesar de estar fundamentada en premisas correctas.