Lo hizo merced al apoyo firme de los legisladores del Frente Amplio progresista que votaron a favor del proyecto de ley que contaba con la aprobación entusiasta del mandatario. Si bien la marihuana no será tratada como un producto más, ya que los usuarios tendrán que registrarse para confirmar que son mayores de edad con residencia en Uruguay, y deberían limitarse a consumir 40 gramos mensuales, las leyes que la semana pasada fueron aprobadas por el Senado son más liberales que las vigentes en Holanda, Portugal, España y Suiza, lo que es motivo de orgullo para aquellos que ven en el "porro" un símbolo de rebelión juvenil contra prejuicios burgueses anticuados. Entre éstos se encuentra Mujica que, como muchos en los círculos que frecuentaba antes de asumir la presidencia de su país, suponía que una amplia mayoría de los uruguayos compartía su punto de vista, pero según las encuestas de opinión casi dos tercios de la población se opusieron a la legislación. También están en contra diversas entidades vinculadas con la ONU que han acusado al gobierno uruguayo de violar una serie de tratados, lo que ha dado lugar a un intercambio de lindezas nada diplomáticas entre Mujica y el titular de la Junta Internacional de Control de Estupefacientes.

Si sólo fuera cuestión de la marihuana, una droga que se supone es relativamente innocua, la legalización de su producción y consumo por parte de los uruguayos no plantearía demasiados peligros, pero, claro está, hay mucho más en juego. Aunque sólo fuera porque está prohibida en la mayoría de los países, la marihuana puede servir como una puerta de entrada al mundo de la droga, ya que quienes se han acostumbrado a consumirla suelen ser más propensos que otros a caer en la tentación de probar narcóticos cada vez más fuertes, hasta llegar a sustancias tan letales como la droga "cocodrilo" que devora la carne, provocando la muerte en tres años o menos, a la que están adictos decenas de miles de personas en Rusia y que últimamente ha encontrado usuarios en Europa y Estados Unidos. Puede argüirse que el cannabis no es más peligroso que el alcohol, pero al legalizarlo los políticos uruguayos han brindado la impresión de estar dispuestos a tolerar el consumo de otras drogas que son mucho más potentes.

Los partidarios de la legalización no se equivocan cuando afirman que los costos humanos de la guerra contra las drogas que desde hace varias décadas están librando las autoridades norteamericanas, con la colaboración a veces reticente de los gobiernos de otros países, han sido terriblemente altos. Tampoco se equivocan cuando señalan que la devastación provocada por los cárteles de narcotraficantes en América Latina se debe en gran medida a los problemas sociales de Estados Unidos, país en que una proporción elevada de la población carcelaria está conformada por individuos condenados por delitos relacionados con el consumo o venta de estupefacientes. Es por lo tanto comprensible que muchos en la región favorezcan una alternativa a la criminalización del consumo de drogas que consistiría en tratarlo como un problema médico para entonces procurar regular la distribución, en efecto estatizándola, como harán los uruguayos. El experimento en tal sentido que han emprendido nuestros vecinos resultaría beneficioso hasta cierto punto si sirviera para desprestigiar al consumo de marihuana, ya que para los usuarios tener que registrarse, de tal modo aceptando que son enfermos que necesitan una dosis diaria de una droga determinada, es de por sí humillante. En cambio, no sería beneficioso en absoluto si de resultas de las nuevas leyes Uruguay se viera transformado en un país exportador de drogas, por blandas que ellas fueran. En tal caso, Mujica se vería constreñido a reconocer que sus críticos han tenido razón y, mal que le pesara, volver a la "vía represiva".