La expropiación se impone por causa de utilidad pública o cuando la propiedad no cumple una función social, calificada conforme a ley y previa indemnización justa». Así es como ha quedado, tras las sucesivas modificaciones introducidas en 1994, 2002, 2004 y 2005. Antes de esas reformas tenía cinco artículos que decían: «Jamás se aplicará la confiscación de bienes como castigo político». «Las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas». «Dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer suelo ni subsuelo». «Ningún impuesto es obligatorio sino cuando ha sido establecido conforme a las prescripciones de la Constitución». «Los perjudicados pueden interponer recursos ante el Tribunal Constitucional contra los impuestos ilegales».

¿Por qué Repsol YPF ha asumido el riesgo de invertir en Bolivia desde 1995? Pues porque el costo promedio para la producción de un barril equivalente de petróleo, que a nivel mundial es de 5,6 dólares, en Bolivia se reduce a sólo un dólar en el caso de Repsol. Algo que sólo superan Amoco (0,97) y Niko Resources (0,87), según Global Upstream Performance Review.

Lo que podía pasar en Bolivia se sabía hace más de diez años. El Tribunal Constitucional ha fallado que los contratos de riesgo compartido son nulos de pleno derecho por haberse incumplido la exigencia de su ratificación en el Congreso. Lo que es discutible es si basta un decreto para la subida de impuestos. Así que habrá que poner a trabajar a los expertos en Derecho Internacional público y privado para que prospere la reclamación española al Gobierno de Evo Morales de una compensación por las acciones de las tres empresas de crudo y gas, gestionadas por un fondo de pensiones del BBVA que pretende se le entreguen gratis.