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29/04/2013 | America Latina - La aplicación estricta de la justicia puede ser un impedimento para la paz

Pablo Ximenez de Sandoval

El presidente de la CIDH opina en esta entrevista sobre las negociaciones de paz de Colombia y explica que estos procesos requieren una justicia de transición, diferente en cada país.

 

Enfrentado al problema de la violencia en Latinoamérica, la región más violenta del mundo, el jurista peruano Diego García-Sayán (Nueva York, 1950), presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), intenta ver más allá, no tanto sus consecuencias para la seguridad de las personas, sino las consecuencias para la seguridad de la democracia. “En cualquier sociedad en la que empieza a campear la inseguridad y hay un alto índice de homicidios como ocurre en Honduras, Guatemala y algunas zonas de México, se pueden generar corrientes que buscan la seguridad a cualquier precio, aunque suponga sacrificar valores democráticos. Son tentaciones que se presentan cíclicamente a lo largo de la historia”, advierte. “Yo le tengo miedo a esa tentación de seguridad a cualquier precio”.

La idea da pie a García-Sayán para destacar otra tendencia que está poniendo a prueba los derechos humanos en Latinoamérica. El choque entre las comunidades indígenas y los grandes proyectos de inversión atraídos por los precios de las materias primas. “Me parece algo crítico. Se ha abierto un área de conflicto y de tensión en casi todos los países. Por un lado está la necesidad de promover la inversión para crecer. Por el otro, los derechos a la consulta y la participación. La visión fundamentalista de no invertir está fuera de la historia. No hay un modelo que seguir. No puede imponerse por el Ejército, pero tampoco puede en nombre de los indígenas impedirse las inversiones necesarias para el progreso de la sociedad”.

Entrado el siglo XXI, la CIDH se ha topado con varios casos que le han permitido perfilar los derechos propios de los indígenas. “Entre otras cosas, la Corte ha definido que los pueblos indígenas tienen una forma de entender el derecho de propiedad que no es necesariamente el derecho de propiedad individual y no se constriñe a lo patrimonial, sino a un ingrediente esencial de identidad étnica. La CIDH ha sido el primer tribunal internacional que en una sentencia de 2001, sobre Nicaragua, estableció el derecho a la propiedad colectiva de los indígenas. Y en otra reciente se estableció el principio de la consulta previa [a las comunidades] antes de que se proceda a la inversión. Hace 30 o 40 años el tema de la consulta previa era casi irrelevante porque no había inversión en esas zonas”.

Diego García-Sayán, exministro de Justicia y de Exteriores de Perú, estuvo presente como enviado de la ONU en los acuerdos de paz de Guatemala y de El Salvador. Mientras rechaza educadamente opinar sobre los últimos acontecimientos en Venezuela, habla con prudencia sobre el proceso de paz en Colombia. “Estoy muy lejos de pretender dar lecciones o sugerencias sobre lo que los colombianos deben hacer”, es su primera frase. Pero se detiene a explicar un concepto: justicia transicional. “Es un concepto que se ha ido construyendo en los últimos 10 o 15 años. No es justicia light, es un conjunto de principios y de valores. Sus elementos son, primero, la verdad. Conocer qué pasó. Se puede hacer a través de comisiones de la verdad, a través de sentencias judiciales, a través de confesiones de los perpetradores, como en Sudáfrica posapartheid. La segunda pieza es la reparación a las víctimas, que incorpora la reparación material, programas de salud, habitacionales, homenajes… Y el tercer elemento, justicia. ¿La justicia absoluta donde se procese in extremis a todos y cada uno de los perpetradores? ¿Cuando son miles los perpetradores y graves los delitos es eso posible?”.

Deja la pregunta en el aire y luego se contesta. La justicia transicional, explica, es una combinación de esos tres componentes. “Puedes tener una justicia en la que se seleccionan los casos más graves y eventualmente se pueden establecer penas alternativas, pero hay verdad. En la medida en que haya reparación y verdad, hace más digerible no la falta de justicia, sino una justicia con una selectividad que procese las cosas realistamente, sin pretender que se enjuicie a 25.000 personas, que ninguna sociedad puede hacerlo de forma exitosa”.

tentación de seguridad a cualquier precio

Podría pensarse entonces que la profundidad exigible a la justicia depende del tamaño de los crímenes, que en Colombia son inmensos. “Yo creo que las magnitudes, en términos de cantidad de personas involucradas y la gravedad de los hechos, es algo que hay que considerar. En el pasado hubo procesos de paz donde simplemente se volteó la página y no hubo proceso. Es un deber de un Estado democrático resolver los conflictos con todas las herramientas de la democracia, con el concepto de justicia transicional, que hay que ir modulando en cada caso y que acaba siendo una dinámica que puede no dejar contentos a todos. O tal vez un poco descontentos a todos. Porque una justicia in extremis, la sujeción y aplicación irrestricta y generalizada de la norma penal, probablemente satisface cierta aspiración pero puede convertirse en un impedimento para celebrar la paz negociada, salvo que sea la paz de la derrota de uno de los actores, que es otro tipo de situación”.

A eso, en España, se le llama una paz sin vencedores ni vencidos. “Claro. El vencedor acaba siendo la sociedad, que puede salir a la calle sin que le peguen un bombazo o le desaparezca un familiar”.

¿Y Cuba? ¿Ve un futuro de los cubanos haciendo cuentas con la dictadura? “El proceso de Cuba es una transición hacia algo que no sabemos lo que es. Veremos. Tenemos que imaginar mecanismos que irán dentro de esa justicia transicional. Porque si se empiezan a levantar todos los asientos de lo que pueda haber pasado en 50 años se abriría una caja de Pandora. Habría que fijarse en algunos países de Europa oriental tras el muro de Berlín, donde hubo opciones para que la sociedad pudiera seguir funcionando”.

Una conversación sobre derechos humanos acaba llevando a Guantánamo. “La Corte no tiene jurisdicción sobre Cuba ni sobre EE UU”, aclara. “Pero las garantías sobre el debido proceso y una investigación con el derecho a la defensa son generales”. Los tribunales ordinarios “no son sinónimos de justicia indolente o benigna”. “Yo lo he visto en mi país. Los tribunales ordinarios, en un país como Perú, fueron capaces de enfrentarse al terrorismo. En la lucha contra el terrorismo se pone a prueba la fuerza de una democracia y hay que dar ejemplo”. Guantánamo no es más que un ejemplo extremo de su reflexión inicial sobre los riesgos que la violencia presenta para la democracia. “Las sociedades piden eso. Los nombres guerra contra el terrorismo o guerra contra las drogas son términos equívocos que pueden llevar a utilizar herramientas que no son las del Estado de derecho”.

Guantánamo era un problema heredado, pero el actual presidente de EE UU ha abierto su propia brecha en los derechos humanos con el uso de aviones no tripulados para ejecuciones de terroristas en el extranjero. “Ahí se abre un nuevo tema de derecho internacional, lo que algunos consideran la aplicación de la pena de muerte por vía administrativa. Imaginemos un mundo donde en vez de un país, una veintena de países tuvieran sus juguetitos para utilizarlos como quisieran. El derecho internacional tiene que ir reglando pronto, porque es una tecnología no imposible de extender a otros países. Es una caja de Pandora que tiene riesgos”.

Más allá de los procesos violentos de Latinoamérica, la vigilancia sobre los derechos humanos se extiende también a cuestiones sociales que cada Gobierno está intentando resolver como puede. Gracía-Sayán transmite un orgullo especial al destacar una reciente sentencia, a raíz de un caso de discriminación sexual en Chile. “Una juez fue privada de la custodia de sus hijas por su orientación sexual. La Corte determinó que no puede haber discriminación en ninguno de los derechos. Y que el concepto de familia podía entenderse también con su pareja. Creo que fue un punto de inflexión”.

Latinoamérica está lejísimos de aceptar eso como algo común. "Sí. Esto no es ley nacional en casi ningún sitio. Habrá quien no le guste, pero la discriminación es un asunto muy grave. La Corte no se ha pronunciado explícitamente sobre el matrimonio del mismo sexo porque no hemos tenido un caso, pero que cada cual interprete lo que significa la no discriminación”.

El País (Es) (España)

 


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