Una de las causas por la que la mayoría de los actos de corrupción en el gobierno quedan impunes es debido a que las acusaciones presentadas, según los jueces, carecen de sustento para que sean condenados los responsables. Entre algunos miembros del Poder Judicial prevalece lo que llamo “fariseísmo jurídico” o doctrinalmente lo podemos ubicar como un kelsenianismo radical, es decir, yo me concreto a cumplir con las formas de la ley.

Esa posición de muchos juzgadores nos lleva a preguntarnos si la falla está en los ministerios públicos que no consignan correctamente, por no reunir pruebas suficientes para sustentar una acusación, o en algunos jueces que no les preocupa el fondo del asunto solo ven solo las formas.

Es necesario capacitar y fortalecer más a los ministerios públicos, muchos de los cuales poco hacen por integrar consignaciones bien fundamentadas, claves para que los jueces puedan hacer justicia y no solo formalmente cumplir con la ley.

Hay casos en que los jueces investigan, desechan y piden pruebas, como el de Florence Cassez, pero en muchos otros toman la cómoda posición, muchas veces por motivos políticos o económicos, de desechar consignaciones o declarar inocentes a criminales a todas luces culpables, por supuesta falta de pruebas o violaciones secundarias al procedimiento.

Estamos a favor de un sistema de legalidad y de observancia de la ley, pero cuando criminales y corruptos utilizan la misma ley para evadir sus crímenes, algo anda mal en nuestro sistema de impartición de justicia.

Es necesario fortalecer a los ministerios públicos, no sólo con mayores sueldos, sino con mejores instrumentos y leyes para que hagan mejor su “chamba” y cambiar las reglas del Poder Judicial para que algunos de sus miembros no pongan como excusa el incumplimiento a formalidades de la ley para permitir que se cometan injusticias, por poner la forma por arriba del fondo.